¿Cómo atacar un problema tan presente como lo es la violencia de género? Sobre todo, en un ambiente que permite la mutación cotidiana de ésta a su forma más extrema: el feminicidio. Del 1 de marzo de 2010 hasta el mes de mayo de 2018 fueron asesinadas 2,092 mujeres entre los 18 y 59 años; de ellas 695 fueron asesinadas por sus parejas. Estas cifras pertenecen tan sólo al conteo diario de notas periodísticas que recopila el mapa virtual: Los Feminicidios en México.
En 1970 Diane Russell comenzó una lucha por el reconocimiento de la violencia específica que enfrentan las mujeres, a ellas se les ha asesinado por siglos, sólo por ser mujeres. “These are the twentieth century witch burnings” (Los feminicidios son la quema de brujas del siglo XX), dijo Russell en su discurso durante el simposio sobre feminicidio de las Naciones Unidas celebrado en 2012: la cacería de brujas sigue.
En México, fue Marcela Lagarde quién acuñó el término de feminicidio: “el acto de matar a una mujer sólo por el hecho de su pertenencia al sexo femenino”, como exigencia a la falta de acción del Estado.
La creación de un tipo penal que sancionara el feminicidio comenzó en 2010, siendo la Ciudad de México y guerrero las primeras entidades en modificar sus códigos penales. Desde ese momento se empezó a impulsa la tipificación a nivel federal. Actualmente sólo 19 estados cumplen con los elementos normativos necesarios para acreditar el delito según el Informe Implementación del tipo penal de feminicidio en México.
Este informe también visibiliza como a ocho años de la creación de tipos penales, 6 mil 297 mujeres fueron asesinadas entre 2014 y 2017 en 25 estados del país, sólo el 30% de estos casos fueron investigados como feminicidios.
Ante esta realidad, nos acercamos a Justicia Pro Persona A.C., organización feminista dedicada a la defensa de los derechos humanos de mujeres y niñas que buscan acceder a la justicia. Entrevistamos a su directora Nahyeli Ortíz sobre qué debe incluir la agenda del nuevo gobierno mexicano respecto a la violencia de género.
LUCHADORAS:¿A qué se debe dedicar mayor presupuesto?
JUSTICIA PRO PERSONA: A la prevención.
En 2012 la perspectiva de género se incorporó a la forma en que se distribuía y asignaba el gasto público, mediante decretos a las Leyes Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y General de Planeación. Para Justicia Pro Persona los recursos asignados mediante el Anexo 13 del Presupuesto de Egresos de la Federación deben apostar por el tema de la prevención.
La prevención involucra diversas obligaciones de educación, salud y atención. Por ejemplo, proporcionar a las víctimas atención médica, jurídica y psicológica de manera gratuita, sin trabas, actos discriminatorios, ni revictimización.
Algo fundamental, explica Justicia Pro Persona, es que los recursos lleguen a los programas, por ello propone la implementación de mecanismos ciudadanos que supervisen que los montos se apliquen para que se respeten protocolos, programas y se cumplan las obligaciones que ya existen en el marco normativo mexicano.
Dentro de ese marco existen tres principales leyes pensadas para detener y erradicar las violencias de género: La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (publicada en 2006), la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007) y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (2012).
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia cuyo decreto apareció en el Diario Oficial de la federación en febrero del 2007 actualmente reconoce cinco tipos de violencias: psicológica (insultos, humillaciones, gritos, indiferencia y amenazas), física (golpes), patrimonial (quitar, esconder o retener objetos, documentos o bienes personales), económica (limitar o controlar el dinero de gasto familiar) y sexual.
Esta ley también reconoce el hostigamiento sexual, acoso sexual, violencia política, violencia institucional y violencia feminicida.
El marco normativo, creado a base de esfuerzos e iniciativas del movimiento de mujeres, tiene un reto: lograr su interpretación y utilizar de forma adecuada los recursos asignados para su aplicación, cuenta Nahyeli. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto el monto asignado para la igualdad de género fue de 40 mil 507 millones de pesos, monto inferior al erogado en publicidad oficial.
L:¿En qué avance no se debe retroceder?
JPP: En la implementación de protocolos de identificación de riesgos.
Como parte de los compromisos internacionales con los derechos humanos, el gobierno mexicano implementó el Protocolo de Actuación Policial en Materia de Violencia de Género.
Éste tiene 6 ejes de acción: detección, identificación, intervención, atención, protección y prevención. El protocolo también incluye los tipos de violencia, los lugares donde se ejerce y las acciones que deben realizar los policías.
Nahyeli: “Si bien es cierto no en todas las procuradurías, dependencias del gobierno federal y local, existen de forma sistematizada estos procedimientos, funcionan para saber si una mujer acude a una instancia no sólo porque está viviendo violencia física o psicológica sino que son indicadores para evitar que esta violencia llegue a la muerte de las mujeres. Los protocolos son elementos de las políticas públicas que deben seguir mejorando y deben aplicarse en los primeros minutos se puede evitar una muerte”.
L: ¿Qué nuevas políticas deberían impulsarse?
JPP: Trabajar con niños y adolescentes, a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP), instaurando de forma obligatoria, permanente y supervisada la incorporación de perspectiva de género en planes y programas de estudio.
“Me parece que no podemos renunciar como sociedad ni tampoco como gobierno a identificar que el combatir la violencia contra las mujeres también involucra a los hombres. Por ello, se debe trabajar con ellos desde edades muy tempranas la perspectiva de género”.
Justicia Pro Persona propone que la SEP implemente programas y planes de estudio con perspectiva de género de manera obligatoria, permanente y supervisada.
El Informe Nacional sobre Violencia de Género en la Educación Básica en México realizado por UNICEF y la SEP en 2009 visibiliza cómo el trato diferenciado a niñas y niños a la hora de dar “castigos” por la misma conducta; a los niños se les castiga más que a las niñas y en su mayoría las niñas lo que alimenta estereotipos de género. Algunas de las violencias entre niñas y niños que identificaron en el informe fueron insultos, agresividad de niños a niñas, desprecio y humillaciones.
Justira Pro Persona también propone que se inicie un análisis serio con bases científicas y metodológicas para avanzar en términos cualitativos y con el fin de generar acciones para combatir la violencia de género contra las mujeres.
*Vídeo por Eve Alcalá