¿Qué significa que las mujeres tengan acceso a la justicia? El acceso a la justicia es un derecho que busca la existencia de condiciones adecuadas para denunciar, reparar los daños a víctimas y familiares y evitar la impunidad. Pero en México, según el Índice Global de Impunidad de la Universidad de las Américas Puebla, los índices de impunidad a nivel global y estatal este 2018 empeoraron con respecto a años previos.
Según el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio las mexicanas se enfrentan a una cadena de impunidad que se traduce en ocho acciones concretas:
Estas acciones están presentes desde un primer momento, en la resistencia de las autoridades correspondientes a investigar el asesinato de una mujer como feminicidio desde el principio, lo que se demuestra con los datos obtenidos por el OCNF: entre enero y junio del 2017, 800 mujeres fueron asesinadas en 13 estados del país, sólo el 49% de los casos fueron investigados como feminicidio.
En esa cadena, también se traduce en revictimización de víctimas y familiares, constantemente se difunde en medios de comunicación información personal como en el caso de Lesvy Osorio Berlín, asesinada en 2017 en Ciudad Universitaria.
Otras acciones de la cadena de impunidad son: Mal manejo de evidencia importante para la investigación. Presencia de contradicciones en dictámenes periciales. Omisión del contexto previo al feminicidio, es decir que se ignora en la investigación el historial de violencia previa como discusiones, golpes, humillaciones u otras violencias. por la falta de “pruebas” físicas.
Falta de participación de los familiares en las investigaciones pues no se les informa cómo va la investigación, no se asigna asesoría jurídica, se les niegan copias de expedientes y no se les da atención psicológica o médica.Falta de sanciones a servidores públicos por mal manejo de investigaciones o falla en sus atenciones a las denunciantes. y finalmente la falta de perspectiva de género en las sentencias.
Ante este panorama, nos acercamos a Alejandra Padilla, asistente ejecutiva de Equis Justicia para las Mujeres, organización feminista que trabaja por el acceso a la justicia. Así logramos identificar en qué temas debe enfocar el próximo gobierno su agenda respecto al acceso a la justicia en México.
LUCHADORAS: ¿A qué se debe dedicar mayor presupuesto?
EQUIS: Más que asignar mayor presupuesto hay que repensar cómo se asigna el presupuesto e incluir la perspectiva de género en todos los rubros del presupuesto.
En México existe un marco normativo que aboga por la perspectiva de género debido a la cantidad de acuerdos internacionales que firmó el Estado Mexicano. Entre 1966 y 2014 se firmaron cinco tratados que lo obligan a crear políticas públicas, asignar recursos por los derechos de las mujeres, la igualdad y a incluir la perspectiva de género en los planes presupuestarios.
A partir del 2008 el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación incorporó un anexo donde se etiquetan recursos para la igualdad entre mujeres y hombres que incluían programas y acciones.
En 2008 el monto asignado al Anexo de Erogaciones para la Igualdad entre mujeres y hombres fue de 7 mil 024.8 millones de pesos dividido en 23 ramos y 65 programas; para 2014 el presupuesto subió a 22 mil 314 millones de pesos dividido en 25 ramos y 116 programas según datos del informe Presupuestos con Perspectiva de Género en el Nivel Federal y Estatal en México elaborado por el Instituto Nacional de las Mujeres junto a ONU Mujeres.
En este mismo informe se concluye que a pesar de que existe el marco normativo los avances han sido desiguales a nivel nacional y solamente algunas entidades federativas han realizado cambios en sus planeaciones, asignaciones y acciones.
Uno de los tres ejes transversales del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 de Enrique Peña Nieto es el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres. Éste se enfoca en la igualdad, violencia contra las mujeres, empleo decente y paga remunerada justa, entornos seguros y amigables. Y lo más importante es que obliga a que todas las dependencias de la Administración Pública Federal deban incluir en sus programas la perspectiva de género, es decir, esto significa identificar la desigualdad, los tipos de violencia y discriminación en la familia, escuela, trabajo, comunidad, en la política y los obstáculos que las mujeres pasan y no les permite avanzar.
Alejandra: Lo que se ha hecho en los últimos años es crear presupuestos etiquetados supuestamente con perspectiva de género únicamente en temas que involucran a mujeres. No existe una verdadera transversalización de la perspectiva de género en todo el presupuesto. Consideramos fundamental repensar cómo se está asignando el presupuesto y dejar de pensarlo sólo en temas de etiquetas para mujeres.
Se han creado muchas instituciones y políticas para atender temas de desigualdades de género y de violencia contra las mujeres que no están recibiendo el presupuesto asignado. Se crean instituciones que son elefantes blancos, se construyen edificios y luego no llega el presupuesto para operar y ofrecer servicios.
LUCHADORAS: ¿En qué avance no se debe retroceder?
EQUIS: Los Centros de Justicia para las Mujeres.
Los Centros de Justicia para las Mujeres existen para garantizar el castigo a los culpables y para brindar protección a las víctimas de violencia. Comenzaron a existir en 2010 a raíz de una recomendación de la Corte Interamericana por el caso de Campo Algodonero: la desaparición y asesinato de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos. Sus cuerpos, junto con los de otras 5 víctimas, fueron encontrados el 6 de noviembre del 2001 en un campo algodonero de Ciudad Juárez.
Debemos recordar que la Corte Interamericana sentenció al Estado Mexicano por la falta de protección de las víctimas, la falta de respuesta de las autoridades ante la desaparición, la falta de eficacia administrativa en la investigación de los feminicidios, además de denegar la justicia y reparación de daños adecuados.
Son una política pública que el Estado echo en marcha ante la falta de respuesta y de justicia a los feminicidios en Ciudad Juárez y para evitar la impunidad en casos de violencia a la mujer al igual que brindarles protección y acompañamiento. Desde entonces existen 39 Centros de Justicia en 27 entidades.
Alejandra: En Equis consideramos que una política que no debe echarse para atrás y no debe tener ningún retroceso son los centros de justicia para las mujeres. Es una política integral que va más allá de pensar en el acceso de justicia como un tema penal porque ofrece a las mujeres varios servicios en un mismo lugar. Es una política central para atender la violencia contra las mujeres y prevenir futuros feminicidios.
Durante 2016 Equis Justicia para las Mujeres realizó una investigación de los centros que en operación a nivel federal. En su informe sobre el estado de los Centros de Justicia para las Mujeres a nivel nacional documentaron que existe una falta de homogeneidad entre todos los centros del país en sus formas de operación, recursos económicos, humanos y herramientas operativas.
Estas diferencias se ejemplifican en centros centros como el del Estado de México donde el acceso a la justicia se limita a la persecución y sanción de delitos. En cambio en Coahuila se incluyen las fases que vuelven el servicio integral, es decir la prevención, detección, atención, registro, análisis, evaluación y seguimiento.
Otro de sus descubrimientos fue la falta de información sobre el presupuesto que manejan los centros. .
Alejandra: Los centros de justicia deben estar plasmados en la ley, para que así tengan un presupuesto propio. Muchas veces no queda claro quién les debe asignar ese presupuesto. Se deben realmente considerar como una política central para todo el gobierno para atender a las mujeres víctimas de violencia.
LUCHADORAS:¿Qué nuevas políticas deberían impulsarse?
EQUIS: Más que crear nuevas políticas hay que analizar las que ya existen y comenzar a vincularlas entre sí.
Alejandra: Uno de los grandes problemas de los últimos años es que se han creado muchas instituciones, políticas públicas y distintas estrategias que están completamente aisladas. Tienen poca vinculación entre sí y realmente no están abordando la problemática desde una posición que busque un cambio estructural.
Lo que necesitamos es sentarnos a analizar las políticas que tenemos hasta este momento, evaluarlas y replantearnos cuáles están siendo útiles. Dejar de duplicar funciones y crear una estrategia integral que resuelva el problema de violencia contra las mujeres y de desigualdad de género de forma integral en todo el país.