Vivir en Veracruz implica un riesgo para las mujeres, pues además de enfrentar un clima agravado de violencia, que se tradujo en 8 feminicidios mensualmente durante el gobierno de Javier Duarte, no existe garantía alguna sobre el derecho a la salud, y hay una violación constante a los derechos sexuales y reproductivos de las veracruzanas.
Ante ello y desde 2016, la organización civil Equifonía y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio promovieron dos Alertas de Violencia de Género: una para detener la violencia feminicida en la entidad y la otra para garantizar que las leyes locales no violenten los Derechos Humanos de las mujeres, específicamente el decidir sobre cuándo ser madres y a recibir atención médica y anticoncepción de emergencia en caso de violencia sexual.
Durante el gobierno de Javier Duarte -actualmente sujeto a proceso por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada- las cifras de violencia de género se incrementaron año con año: En los tres primeros años de gestión de Duarte (2011-2013), cada mes se presentaron al menos ocho casos de feminicidio en la entidad; 95 veracruzanas fueron asesinadas en 2012 y un año después 92 mujeres perdieron la vida. Además de enero al 31 de marzo de 2016 desaparecieron 74 mujeres y niñas. Veracruz y Tamaulipas son los estados con más casos de desaparición a nivel nacional.
En noviembre de 2016, después de un largo camino impulsado por Equifonia y el OCNF, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres decretó una Alerta de Violencia Feminicida para 11 municipios de la entidad, por lo que el gobierno está obligado a llevar a cabo diversas acciones para prevenir que más casos de feminicidio y desaparición se registren. así como para resolver los casos que actualmente se encuentran en la impunidad.
Pero el feminicidio y las desapariciones no son las únicas agresiones a las que se enfrentan las veracruzanas, en Veracruz el derecho a la salud está determinado en gran medida por las condiciones sociales y económicas de las mujeres, por ejemplo, el estado ocupa el último lugar a nivel nacional en abasto de anticonceptivos gratuitos, lo que se traduce en que la posibilidad de prevenir un embarazo depende de la capacidad económica para adquirir cualquier método de prevención.
A lo que se suma que han existido varios intentos por criminalizar el derecho a decidir de las mujeres, y de acuerdo con las denuncias de las organizaciones cuando una mujer es violada sexualmente se enfrenta a una serie de obstáculos institucionales para acceder a la anticoncepción de emergencia, o en su caso a la interrupción del embarazo, (derechos garantizados mediante la Norma Oficial Mexicana 046).
Hasta el año 2009, en Veracruz se castigaba con reclusión a las mujeres que interrumpieron su embarazo, pero en ese año se aprobó una reforma para reducir las penas, quitar la cárcel y sustituirla por tratamiento psicológico. no obstante se castiga con seis meses a dos años de prisión a la persona que asista o ayude a realizar un aborto.
Durante 2016 hubo intento por retroceder en este aspecto, pues con el apoyo de Duarte, el Congreso local pretendía aprobar una reforma a la constitución local para proteger la vida desde la concepción y con ello criminalizar el aborto, fenómeno que de acuerdo con las cifras de Equifonia es una realidad en el estado, ya que tienen identificados 18 casos de jóvenes que presentaron un aborto espontáneo pero fueron acusadas de homicidio en razón de parentesco.
La segunda Alerta de Violencia de Género que está en proceso en el Estado de Veracruz es por agravio comparado, es decir, porque la legislación local no garantiza de forma plena el derecho a la salud de las mujeres, es importante aclarar que esta alerta está en proceso de cumplimiento a una serie de recomendaciones que determinó un grupo de trabajo conformado por la Conavim.
Algunas de estas medidas son 1) la reforma al código penal para despenalizar el aborto hasta la décimo segunda semana de gestación, 2) incluir la causal de aborto por riesgo para la salud de la mujer, 3) la eliminación del plazo de noventa días para el aborto en casos de violación, 4) la creación de un programa estatal de ILE y 5) la difusión entre la población de la existencia de este servicio de salud. Puedes checar el informe completo aquí.
