Por: Redacción Internet Feminista
El mes pasado, el 1 de febrero el Senador Ricardo Monreal hizo público su proyecto de iniciativa para proponer que el Instituto Federal de Telecomunicaciones tenga facultades para establecer reglas y parámetros a los propietarios de las plataformas de redes sociales, para suspender o eliminar cuentas, con lo que supone “aportará a la seguridad jurídica de usuarios”. Sí, así en masculino.
No es la primera vez que el Senador propone alguna iniciativa para regular las redes sociales. Desde que transitamos a la virtualidad por el contexto de la pandemia de COVID, la preocupación por lo que pasa en el espacio digital se ha acrecentado, y una de las primera respuestas suele ser “legislar”, o “regular Internet”. Cualquier iniciativa que se proponga debe tener cuidado en NO cometer estos tres errores:
1.- Falta de perspectiva de género en la forma y el fondo
¿Por qué es importante?, porque en un México machista, donde el racismo y el capitalismo abren brechas de desigualdad enormes, los riesgos que vivimos las mujeres son peores. La violencia que vivimos las mujeres y las personas disidentes de género en las calles, se extiende al espacio digital. Las personas usuarias de Internet no son un sujeto único y estandarizado, no considerar la interseccionalidad pasa por alto cómo se pueden replicar o recrudecer las violencias estructurales ahora en Internet.
La falta de perspectiva de género consiste por una parte en la ausencia de lenguaje incluyente en el texto de la iniciativa, y por otra, la falta de análisis y acciones que consideren los diversos contextos, opresiones y brechas que atraviesan a las personas que usan Internet, para que las soluciones que plantea sean capaces de responder a esos contextos.
2. Otorgar facultades regulatorias a gobiernos que podrían causar censura
La propuesta de Monreal es un buen ejemplo de lo que NO se debe hacer al tratar de legislar sobre Internet, porque propone que sea el gobierno quien establezca, a través del IFT, criterios sobre moderación de contenidos. Esta propuesta parte del supuesto de que el Estado sería un mejor árbitro que las compañías tecnológicas para establecer criterios.
¿Really?, históricamente es el gobierno quien ha ejercido esta facultad para censurar o vigilar a voces disidentes en todo el mundo. Existen múltiples ejemplos de ello, uno de ellos instalado durante el Franquismo (en España), así como en otros originados en regímenes totalitarios que consideran un riesgo las ideas contrarias a su gobierno.
En México, un país donde hay un discurso gubernamental que estigmatiza a periodistas, defensoras de derechos humanos y a la protesta feminista; donde han sido silenciadas, perseguidas, criminalizadas voces como Carmen Aristegui, o asesinadas como Mirsolava Breach, o Regina Martínez; no se pueden dar por ley facultades al gobierno que puedan ser potencialmente usadas para la censura o la persecución.
Otro ejemplo, el aborto legal y seguro, que todavía no es una realidad en el país porque prevalece una perspectiva conservadora por parte de personas tomadoras de decisiones. ¿Qué pasaría si les facultamos para regular qué contenido sí se puede publicar o no?… temas de sexualidad, anticoncepción, disidencias sexogenéricas también podrían ser censuradas. Y de esta forma Internet perdería ese potencial de contribuir a derrumbar barreras para tener información que nos permita ejercer una sexualidad libre, placentera y segura.
3. ¿Y la violencia contra las mujeres?
En general, las iniciativas para regular internet surgen a partir de problemas específicos. Sin embargo, al tratar de legislar deben de mantener una mirada amplia sobre otro tipo de problemáticas ante las cuales dichas propuestas podrían ser aplicables. De otro modo, una legislación parcial, puede generar escenarios adversos.
En la reciente propuesta elaborada por el Senador Monreal para otorgar al IFT facultades para dictar criterios sobre moderación de contenidos, una problemática que está totalmente ausente es la violencia digital contra las niñas, mujeres y grupos feministas en Internet.
Para las mujeres, que por ejemplo, enfrentan la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, las herramientas de reporte en plataforma suelen ser el primero y a veces el único mecanismo para recuperar el control de sus contenidos.
En internet hay redes y grupos organizados, o personas usuarias que han desarrollado técnicas especializadas para cometer este delito de manera sistemática y para escapar a las investigaciones y permanecer impunes.
Las plataformas, que en su gran mayoría consideran que estos comportamientos son contrarios a sus Normas Comunitarias, han ido sofisticando mecanismos para tener una respuesta más rápida. En estos casos, bajar un post o una cuenta a través de los mecanismos creados por las plataformas de redes sociales, puede representar una garantía de protección mucho más ágil que la que ofrece un proceso a través de las instancias de procuración de justicia lentos e ineficaces por sus burocracias.
Por ejemplo, en nuestra más reciente investigación hecha por Luchadoras, descubrimos que en los últimos tres años se han abierto 2,143 carpetas de investigación en 18 estados del país por el delito de difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. El 83% de las carpetas siguen en trámite, algunas por más de tres años. Y solo el 17% de las carpetas iniciadas encuentran alguna forma de conclusión a través de alternativas de justicia.
Esa cultura de impunidad nos deja en claro que debemos contar con más instrumentos al alcance de las mujeres para actuar rápido.
En conclusión legislar con perspectiva de género, interdisciplinaria, y no sobre-regular Internet son algunos de los principios que deben estar presentes ante cualquier intento de normar el espacio digital.
