Las políticas que pusieron en riesgo los derechos digitales en México en 2020

La campaña #SalvemosInternet nació a finales del 2019, en respuesta a una consulta sobre el anteproyecto de lineamientos de gestión de tráfico y administración de red emitida por el IFT para cumplir la responsabilidad que tenía pendiente desde 2014: establecer salvaguardas para proteger la neutralidad de la red que deberán regular las capacidades de las empresas proveedoras de servicios de acceso a internet (para referirse a ellas, se utilizan los acrónimos PAI o PSI).

Los lineamientos propuestos en el anteproyecto pretenden reducir a internet en un terreno comercial, sin mostrar interés en preservar la neutralidad de la red; que es un componente fundamental para el ejercicio de derechos humanos a través de las plataformas digitales ya que es este principio el que obliga a las empresas a transportar el tráfico de datos sin bloquear, favorecer o perjudicar el tráfico de ciertas aplicaciones, contenidos o servicios: fomentando que exista una participación más diversa, que no se vea limitada por intereses o acuerdos que beneficien a unas cuantas personas y perjudiquen a la mayoría.

Además el anteproyecto muestra importantes sesgos que buscan legitimar la censura brindándole a las autoridades la capacidad de exigir a las PAI que bloqueen contenidos por “situaciones de emergencia o seguridad nacional”, así como permitirles que den trato preferencial al tráfico de sus socios comerciales (perjudicando a las iniciativas independientes o sin fines de lucro), fomentando violaciones a la privacidad que serían necesarias para realizar inspección profunda de paquetes sobre el tráfico de internet de todas las personas en México… Todo esto sin contemplar mecanismos de transparencia y monitoreo, principios de proporcionalidad y necesidad, ni las consecuencias que estas propuestas tienen en la neutralidad de la red y los derechos humanos.

Aunque originalmente la consulta del anteproyecto de lineamientos estaba contemplada para llevarse a cabo del 18 de diciembre de 2019 hasta el 6 de marzo de 2020, por la contingencia esta fecha se fue postergando. Finalmente, la consulta cerró oficialmente el 15 de julio con más de 150, 800 comentarios enviados desde la plataforma salvemosinternet.mx. 

A la fecha el IFT sigue sin dar respuesta sobre los resultados de la consulta pública ni las medidas que tomará para atender las demandas para proteger la neutralidad de la red. Sin embargo, el 18 de febrero el Tribunal Colegiado otorgó un amparo a R3D para obligar al IFT a que publique lineamientos que protejan la neutralidad de la red a más tardar el 30 de junio de 2020.

¿Que está en riesgo?
– Neutralidad de la red.

– Derecho a la privacidad.

– Acceso a la información.

– Libertad de expresión.

Este esfuerzo encabezado por Olimpia Coral, el Frente Nacional para la Sororidad y Defensoras Digitales en México busca ampliar la consideración de la violencia digital en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), fomentando el acceso a justicia para víctimas de difusión no consentida de imágenes íntimas.

A través de una serie de recomendaciones y reformas, desde 2018 las propuestas conocidas como #LeyOlimpia han sido incorporadas en los Códigos Penales de 28 estados, mientras que en 5 estados del país se ha modificado la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para reconocer los entornos (y modalidades) digitales como un ámbito donde también se ejerce violencia de género. El 5 de noviembre de 2020, el Senado de la República, reconoció las modificaciones y adiciones a la LGAMVLV propuestas por esta iniciativa.

Es importante reconocer el esfuerzo que han realizado las mujeres y personas victimizadas a través de la difusión no consensual de imágenes y contenidos de índole íntima y/o sexual para construir vías de acceso a justicia, sin embargo el que estas personas hayan tenido que hacerse cargo de remediar las falencias del sistema de justicia del país hace evidente una realidad innegable respecto a la negligencia con la que las instituciones encargadas de facilitar el acceso a la justicia han tratado históricamente a quienes presentan denuncias relacionadas a las violencias de género y a sus manifestaciones a través de las plataformas digitales.

Aunado a esto, diferentes iniciativas de la sociedad civil se han sumado a compartir una visión a fondo de algunas preocupaciones en torno a que las autoridades únicamente busquen responder a las demandas de las víctimas y activistas con medidas punitivistas; ya que lejos de responder a la búsqueda de justicia y reparación estas medidas podrían utilizarse para revictimizar a víctimas e incluso fomentar nuevos mecanismos de censura. Frente a las crecientes estrategias que buscan restringir la pluralidad, el acceso a la información y la libertad de expresión también en los espacios digitales, no podemos permitir que se tergiverse el dolor de las mujeres para producir más mordazas a quienes alzan la voz incluso para compartir contenidos relacionados a la sexualidad como parte del desarrollo personal, profesional o incluso con fines pedagógicos.

En el informe Justicia en trámite. El limbo de las investigaciones sobre violencia digital en México, de la colectiva feminista Luchadoras, hace un recuento de los obstáculos que actualmente existen para que la justicia que buscan las víctimas de violencia de género -también ejercida a través de las tecnologías- sea una realidad y no únicamente quede reconocida en un texto jurídico sin impacto en su reparación.

¿Qué está en riesgo?
– Transparencia y garantías para que las víctimas puedan decidir cómo ser reparadas.
– Posibilidad de llevar procesos de denuncia sin revictimización.

– Acceso a la justicia para las víctimas de violencia de género.

– Libertad de expresión.

Esta propuesta, presentada originalmente por el Senador Ricardo Monreal en septiembre de 2019, fue aprobada por dos comisiones del Senado en abril de 2020. Partiendo de una falsa correlación entre la restricción de contenidos internacionales y el éxito de los contenidos nacionales, esta iniciativa pretende legitimar la restricción del acceso a la información y la libertad de expresión bajo un supuesto interés en apoyar a las industrias creativas mexicanas.

Es importante destacar que, en las discusiones que se tuvieron durante 2020 para abordar el dictamen, era altamente preocupante que la visión de su implementación resultaba sesgada al referirse únicamente a servicios como Netflix y Amazon Prime Video como los principales afectados por la imposición de garantizar que al menos 30% de su catálogo en México fuera contenido nacional. 

La falta de comprensión de la diversidad de plataformas que ofrecen servicios restringidos de audio y video por internet -internacionales y locales- se traduce en medidas opacas que no solamente afectan la competitividad de pequeñas y medianas empresas o iniciativas independientes, sino que también el acceso a contenidos, información y cultura que pueden tener las diversas audiencias mexicanas: mismas que se nutren de plataformas que transmiten contenidos deportivos, videoblogs, podcasts e incluso estaciones de radio por internet; todas estas serían plataformas que se verían afectadas de aplicarse la normativa que propone el dictamen.

Tras una serie de conflictos tanto en el desarrollo de la propuesta como en la participación efectiva de integrantes del Senado en la votación del pleno, esta iniciativa fue devuelta a las comisiones y si bien no ha sido desechada tampoco ha sido discutida nuevamente, ni sabemos si existe algún avance en el compromiso con los derechos y las libertades que esta iniciativa -si mantiene la redacción actual- continuará menoscabando.

¿Qué está en riesgo?
– Libertad de expresión.

– El acceso a la información.

– Diversidad de contenidos multiculturales.

– Sustentabilidad de propuestas para personas con discapacidad.

En México, las personas que adquieren bienes culturales -películas, discos, libros, etc.- tienen derecho a realizar una copia privada para uso personal y sin fines de lucro. La campaña #MocheDigital nació en torno a la “Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor, en materia de remuneración compensatoria por concepto de copia privada” presentada por el Diputado Sergio Mayer, que busca criminalizar las copias privadas penalizando su posible creación a través de la implementación de un impuesto sobre el precio de dispositivos de almacenamiento digital.

Sin evidencia que respalde la presunción de que las copias privadas generan daño a quienes resulten titulares de derechos de autor de las obras (que muchas veces terminan siendo empresas y no necesariamente las personas creadoras de las mismas), esta iniciativa también presupone que todos los dispositivos de almacenamiento digital son usados para realizar estas copias; “justificando” así el impuesto que busca aplicase sobre su costo, afectando -de nueva cuenta- a las personas usuarias de tecnología en México y ampliando la brecha digital. Aunado a esto, la iniciativa busca eliminar la fracción I del Artículo 151 de la Ley Federal de Derecho de Autor, criminalizando el uso de obras sin fines económicos: habilitando un mecanismo que podría legitimar la censura, afectando también la libertad de expresión.

Aquí es importante destacar la campaña de desinformación que se ha creado para antagonizar falsamente los intereses de las personas creadoras y el acceso a la cultura, a través de medidas que afectan a todas las personas en México. Hacer aún más costosos los dispositivos digitales y negar vías de acceso que permitan justamente que se reduzcan las brechas educativas y culturales evita que se conozca el trabajo creativo y que este pueda ser remunerado directamente a quienes lo desarrollan: sin perjudicar los derechos de las personas mexicanas para beneficiar únicamente a intermediarios e industrias que no protegen a quienes crean los productos que comercializan.

En diciembre de 2020, la Asociación de Internet MX, la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información (CANIETI), La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) y el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET) se sumaron a las declaraciones hechas previamente por la Red en Defensa de los Derechos Digitales, ARTICLE 19 México y Centroamérica, Creative Commons México y Wikimedia México respecto a las graves afectaciones que esta iniciativa representa para los derechos humanos, el acceso a las tecnologías y el desarrollo cultural en México. Su votación en el pleno de la Cámara de Diputados continúa pendiente.

¿Qué está en riesgo?

– Acceso a las tecnologías de información y comunicación.
– Acceso a la cultura a través de registros digitales.

– Esta medida incrementa la brecha digital.

– Acceso al conocimiento.

El 17 de junio de 2020, distintas ONGs en México publicaron un comunicado sobre el apresurado y excluyente proceso de discusión en torno a las reformas para la implementación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) en el país. El 2 de julio, entraron en vigor las reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor y al Código Penal Federal, derivadas de algunas disposiciones del Capítulo de Propiedad Intelectual del TMEC.

Sin embargo, la sociedad civil organizada a través de la campaña #NiCensuraNiCandados, logró llamar la atención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para lograr que esta instancia interpusiera una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); con el fin de reparar las reformas que habilitaban la censura digital a través del controversialmente deficiente mecanismo de “notificación y retirada”, así como la persecución desproporcionada de actividades en torno a la soberanía tecnológica por la elusión legítima de candados digitales para reparar, adaptar o usar las tecnologías para promover la accesibilidad (tanto al conocimiento en general, como a través de la inclusión de personas con discapacidad).

Por medio de diferentes eventos y formatos de divulgación de información (desde podcasts hasta memes), los diálogos transversales y multidisciplinarios -que no tuvieron lugar en el Congreso- lograron fomentar espacios de aprendizaje colectivo respecto a la técnica legal, las implicaciones del derecho de autor en la cultura y el impacto que tienen los candados digitales o medidas tecnológicas de protección en las actividades a través de las cuales también se ha construido soberanía tecnológica en diversos sectores de la sociedad nacional.

Este esfuerzo, cuyo eco resonó también en el ámbito internacional, se vio respaldado por las más de 70 mil personas que se sumaron a darle visibilidad al tema y a promover acciones que se tradujeron en una esperanzadora victoria que aún está en espera de consolidarse en las acciones por parte de la SCJN. Si bien no hay una fecha límite para que la SCJN responda a la acción de inconstitucionalidad que emitió la CNDH, es importante mencionar que existen otras medidas y recursos legales que han sido interpuestos por integrantes del Congreso y la sociedad civil. Ojalá en 2021 veamos la misma velocidad con la que se aprobaron estas reformas abusivas ahora volcada en la protección de nuestros derechos.

¿Qué está en riesgo?

– Soberanía tecnológica.
– Libertad de expresión.

– Acceso a la información.

– Derecho a reparar y la sustentabilidad ecológica.

En enero del 2020, el diputado Juan Carlos Leal -conocido por sus comentarios homófobos, su propuesta para desaparecer el delito de feminicidio y su afiliación al -ultraconservador y evangélico- Partido Encuentro Social ahora “Partido Encuentro Solidario” (pero siempre PES) presentó en Nuevo León una iniciativa que pretendía otorgar a madres y padres de familia el control de la educación sexual y reproductiva de infancias y adolescencias, de acuerdo a sus convicciones y creencias religiosas: una iniciativa claramente polémica por traicionar la laicidad y por arremeter contra varios derechos fundamentales de infancias y adolescencias.

En México, de acuerdo a cifras de la OCDE hay 5.4 millones de casos de abuso infantil al año y aunque este número es de por sí alarmente y posiciona al país por encima del resto de países analizados, para Lizette Argüello del Colectivo contra el Maltrato y Abuso Sexual Infantil: “Esta cifra es poco realista porque sólo es denunciado uno de cada 100 casos de abuso sexual infantil: estas cifras hablan del grave problema que estamos viviendo a escala nacional“. El acceso a la información, que también se ejerce a través de internet, es fundamental para permitir que las víctimas de este tipo de abuso estén informadas y puedan pedir ayuda, pero sobretodo para evitar que estos delitos tengan lugar. Además durante el confinamiento por la pandemia, se ha agudizado este tipo de delitos.

Si bien el PIN Parental -gracias a la organización de la sociedad civil para alertar sobre el tema- fue desechado por el gobierno de Nuevo León en mayo, esto no impidió que se propusiera su incorporación a las legislaciones en al menos otros 19 estados; como fue el caso de Aguascalientes, donde esta iniciativa no solamente se aprobó por unanimidad sino que también provocó que la CNDH interpusiera una acción de inconstitucionalidad para que se revoque esta aprobación y se genere un antecedente para rechazar inmediatamente propuestas similares. Sin embargo, a pesar de todo esto, aún hay estados que tienen votaciones pendientes e integrantes de los congresos locales que continúan promoviendo esta terrible iniciativa.

Organizaciones como Cultivando Género, Balance, Xochiquetzal, It Gets Better y distintas colectivas de la comunidad LGBTTTIQ+ se han posicionado para evidenciar cómo esta iniciativa abona a la desinformación y los ataques de odio que sufren estas comunidades, así como al incremento de la estigmatización sexual y el avance de la agenda ultraconservadora y antiderechos que censura y perjudica directamente las vidas de cientos de mujeres, personas trans y no binarias que pelean por el acceso a derechos y justicia en el país: también a través de las plataformas digitales.

¿Qué está en riesgo?

– Derechos de las infancias y adolescencias.

– Libre desarrollo de la personalidad.

– Acceso a la información.

– Salud sexual y reproductiva.

El 31 de diciembre 2019, comenzaron a operar 636 cámaras de videovigilancia con reconocimiento facial y de placas vehiculares en la Central de Abasto de la Ciudad de México, esta noticia no causó mayor revuelo pero este no fue el único estado donde los despliegues masivos de vigilancia en el espacio público y la recolección de datos biométricos comenzaron a implementarse durante 2020.

En diferentes estados en todo el país hemos visto cómo poco a poco la implementación de estos sistemas se propaga desde la opacidad: sin conversaciones abiertas ni medidas claras para entender cómo se resguardan los datos biométricos que recuperan estas cámaras, con una absoluta ausencia de mecanismos que transparenten la necesidad y proporcionalidad de estas medidas que lejos del “tecnoptimismo” de quienes las promueven han mostrado tener consecuencias graves en la libertad de personas que han sido encarceladas por la alta tasa de falsos positivos que estos sistemas han reportado: especialmente en personas que no tienen rasgos caucásicos (como la mayoría de la población mexicana). 

Durante el segundo semestre de 2020 dos casos fueron de interés peculiar: la implementación del Proyecto Jaguar en Ecatepec, un municipio del Estado de México donde varias mujeres se han organizado para tomar las calles (y las oficinas locales de la CNDH) en protesta por la impunidad frente a la violencia feminicida que enfrentan sus habitantes y el Proyecto de videointeligencia de Coahuila, que -de acuerdo a la investigación de Quinto Elemento Lab– obtuvo su primer registro masivo de rostros de manifestantes y activistas el 27 de septiembre tras la protesta en la Plaza de Armas de Saltillo por el feminicidio de Alondra Gallegos García. En ambos casos es importante hacer hincapié en las formas en que estos mecanismos terminan socavando la soberanía de las manifestantes, potenciando no únicamente la violencia de género que las hace tomar las calles, sino también la violencia política que se ejerce contra quienes se oponen a los abusos de poder (también presentes en la obstrucción de justicia y la impunidad).

A la fecha no existe algún instrumento para conocer exactamente cuántas cámaras han sido instaladas en el país, las tecnologías que operan, ni cuáles son las salvaguardas para la identidad y los datos de las personas que son registradas por estos sistemas: presuponiendo una condición de criminalidad en las actividades legítimas que cualquier persona realiza en sus trayectos habituales. La implementación de estos sistemas refleja el abuso de poder por parte del Estado, como ha ocurrido también en distintas movilizaciones internacionales sobre el nivel de ilegalidad y autoritarismo que la implementación de estos sistemas -tanto por gobiernos como por particulares- ha representado en países como Estados Unidos, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Reino Unido y Hong Kong.

Ante esto, tanto la La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, como Amnistía Internacional se han sumado a condenar la implementación de mecanismos de reconocimiento facial y vigilancia masiva en el espacio público al señalar las repercusiones que estas tecnologías tienen en la libertad de expresión, la privacidad y la autonomía de las personas: quienes hacemos nuestro el espacio público para sostenernos, desarrollarnos y también para manifestarnos legítimamente.

¿Qué está en riesgo?

– Derecho a la privacidad.

– Datos biométricos y seguridad.

– Libertad de asociación y tránsito.

– Participación política y democrática.

En diciembre de 2020, la Cámara de Senadores aprobó una iniciativa para crear un nuevo registro de usuarios de telefonía móvil. Esta propuesta hace eco al Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (RENAUT), un proyecto del gobierno de Felipe Calderón que en 2009 modificó la Ley Federal de Telecomunicaciones para crear este registro con el fin de prevenir los delitos de secuestro y extorsión telefónica; su implementación resultó ser un fracaso total tras el aumento de la cifras de extorsión en un 45% y además al impedir que los datos personales contenidos en el registro terminaran a la venta. Ante esto, el RENAUT fue suspendido en 2011 -un año después de su implementación- y la base datos fue destruida en 2012.

Es importante señalar que, a diferencia del RENAUT de 2009, la nueva propuesta incorpora el registro de datos biométricos y propone que estos -junto a la nueva base de datos que sería generada- sean gestionados por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Sin embargo, integrantes del IFT han reconocido que el Instituto no cuenta con la capacidad técnica ni financiera para crear, operar, ni salvaguardar el registro. Esto claramente muestra una falencia grave en la propuesta que además, no es consistente en demostrar la necesidad ni la proporcionalidad de la medida que busca implementar, lo cual también indica la falta de ponderación en los riesgos que este tipo de registros tiene para la identidad de las personas registradas que, junto a sus datos personales y biométricos, podría ser puesta en venta o suplantada: generando aún más problemas para tener acceso a la justicia y comprometiendo la presunción de inocencia de las personas que se vean afectadas por estos ataques.

Más allá de la incompetencia demostrada para gestionar otra base de datos sensibles, personales y biométricos de millones de personas en México y la irresponsabilidad en priorizar una inversión multimillonaria innecesaria frente a la agudización de la crisis económica; si las condiciones sobre el manejo de datos no son claras para las personas que sean obligadas a participar en el registro, no se puede presumir de un consentimiento libre e informado: esta entrega de datos sería coercitiva, abusiva e ilegítima.

Si bien es cierto que en México tenemos una Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como los Derechos ARCO, ninguna de estas medidas ha impedido que se atropellen los derechos de las personas sobre su información, ni que se impidan las estrategias de coerción que algunas empresas y bancos ejercen para recabar datos personales y biométricos sin el consentimiento explícito e informado de su clientela en México. Esta medida, ampliamente criticada por ONGs y representantes de la industria de telefonía local, está pendiente de ser aprobada por la Cámara de Diputados.

¿Qué está en riesgo?

– Derecho a la privacidad.

– Datos personales (nombre, dirección, teléfono).

– Datos biométricos (iris, rostro, huellas dactilares).

– Identidad y seguridad de las personas en México.

El 3 de diciembre de 2020, la cuenta de Twitter de la Cámara de Diputados publicó este tweet:

Sin embargo, a lo que se refieren como “garantizar el derecho a la identidad” a través de la Ley General de Población es al desarrollo de una Cédula de identidad digital (que será obligatoria también para menores de edad y personas mexicanas que radiquen en el extranjero), recopilando datos personales y biométricos con el fin de generar información demográfica como estadísticas sobre mortalidad, fecundidad, migración y rasgos de la población. Esta base de datos sería integrada y operada por la Secretaría de Gobernación, la cual también estaría a cargo de la emisión de esta cédula digital de identidad que no sustituirá otros documentos oficiales, sino que simplemente servirá para generar otra base de datos altamente sensibles en manos del Estado (sus opacos intereses, los contubernios con el crimen organizado y la irresponsabilidad demostrada en el manejo de datos personales).

Este ambicioso plan -claramente motivado por una sed de control alarmante- no responde a la deuda que existe en México para reconocer a las personas indígenas, marginalizadas y en situación de vulnerabilidad que también son afectadas por la brecha digital, las brechas económicas y las brechas educativas que incluso hacen que esta medida sea únicamente aplicable a estratos específicos (privilegiados) de la sociedad. Además, si las condiciones sobre el manejo de datos para la emisión de esta cédula no son claras, no se puede presumir de un consentimiento libre e informado: esta entrega de datos sería coercitiva, abusiva e ilegítima. Esta falta de criterio abriría otra serie de obstáculos para el acceso a procesos gubernamentales que lejos de resolver el problema del derecho a la identidad en el país, agravarían los impedimentos para que las personas -y sus derechos- reciban “reconocimiento” por parte del Estado. 

El desarrollo de medidas tecnoptimistas (que apuestan a que la solución a problemas sociales complejos se encuentra en la adopción de sistemas tecnológicos) únicamente sirven para beneficiar los intereses del gobierno y los socios comerciales con quienes creará alianzas comerciales para desarrollar e implementar la propuesta; asegurando inversiones que ascienden a miles de millones de pesos y dejando de lado la protección de la identidad y la dignidad -en este caso, también la privacidad– de las personas en México: contradiciendo la supuesta misión de la Ley General de Población. 

Aunque las personas que integran la Cámara de Diputados consideren que estas medidas aumentarán la capacidad del Estado para beneficiar a la sociedad, la falta de criterio, diálogo multidisciplinario y conciencia sobre las implicaciones de estos sistemas altamente invasivos (que han demostrado servir para comprometer la privacidad y la autonomía de las personas) su implementación únicamente favorecerá los mecanismos de control social que se han venido evidenciando con otras políticas públicas propuestas en 2020. Estas propuestas, en un país democrático, lejos de beneficiar a la población menoscaban la posibilidad de que los derechos humanos se respeten y sean ejercidos por todas las personas de igual manera: sin discriminación, abusos de poder, ni a cambio de nuestras libertades. Esperemos que la Cámara de Senadores actúe con más cautela y en 2021 se rechace esta iniciativa.

¿Qué está en riesgo?

– Derechos, libertades y soberanía.
– Datos personales y biométricos (privacidad e identidad).

– El Estado democrático (podría ser sustituido por una autocracia totalitaria).

– El acceso a la información y programas gubernamentales sin discriminación.