Autora: Elizabeth Avendaño Rojas.
A casi cinco años de la aprobación de la Ley Olimpia, que ha sido clave para reconocer la violencia digital de género, su impacto en el acceso a la justicia ha sido limitado debido a la falta de sensibilidad y capacitación de las autoridades que la implementan. Las sentencias siguen siendo escasas, y mecanismos como acuerdos condicionales o juicios abreviados (que son procedimientos alternativos mucho más rápidos y sin necesidad de juicio) se siguen usando para cerrar casos antes de siquiera iniciarlos.
Este contexto nos evoca muchas dudas: ¿Por qué es tan difícil obtener sentencias en estos casos? ¿Las resoluciones alternativas benefician a las sobrevivientes? ¿Qué rol juegan las autoridades? ¿Cuáles son los principales obstáculos para acceder a la justicia?
La colectiva Las Defensoras MX, dedicada a la defensa de derechos digitales con perspectiva transfeminista en Quintana Roo, logró el 25 de febrero de 2025 la primera sentencia estatal por violencia sexual digital. Aunque representa una victoria histórica para la sobreviviente, la abogada Lizbeth Lugo Hernández nos comparte los desafíos de llevar este acompañamiento jurídico durante cuatro años
El caso surgió de una denuncia en el 2021 por el delito de violencia digital sexual. Según nuestro Justicia en trámite (disculparán la autorreferencia), el 83% de estos delitos delitos quedan en el trámite debido a la revictimización, la falta de pruebas y la poca sensibilidad de las autoridades.
Lizbeth Lugo, recuerda las dificultades iniciales: “Cuando tomamos el caso en agosto de 2021, la reforma al código penal de Quintana Roo llevaba apenas un año. Las autoridades no sabían qué era la violencia digital sexual ni cómo investigarla. Nos tocó establecer parámetros de prueba y presionar para que servicios periciales encontraran mecanismos de rastreo para la extracción de información”
El caso tuvo un giro inesperado cuando lograron rastrear no solo al primer agresor, sino a ocho personas que compartieron el video. “Logramos acreditar una cadena de agresores, algo poco común en estos delitos”, explica Lugo.
Sin embargo, la Fiscalía presionó para resolver el caso con acuerdos reparatorios mínimos, que son salidas alternas a un juicio en donde las partes llegan a acuerdos que les permiten emitir una resolución que da por finalizada la investigación, en este caso, esos acuerdos eran de apenas mil o dos mil pesos por agresor. “Para mí, era indignante. La víctima estaba en un estado de vulnerabilidad extrema y la Fiscalía buscaba cerrar el caso con montos ridículos.”
En demasiados casos, los acuerdos reparatorios funcionan como una vía rápida para las autoridades que no evalúan ni consideran el daño real. Pero la reparación integral no es un trámite burocrático sino un derecho. “Nosotras planteamos un esquema integral que incluyera medidas de satisfacción y garantías de no repetición. Exigimos disculpas públicas y el reconocimiento de que esto es un delito con impactos irreparables.”
El impacto de esta violencia digital en la vida de la sobreviviente fue devastador: “Era un municipio pequeño con alta presencia indígena. El video lo vio todo el pueblo. Su familia, profundamente religiosa, dejó de asistir a la iglesia. Su madre, que vendía antojitos, perdió clientela por el estigma. Incluso recibieron hostigamiento con palabras ‘deja de vender antojitos y mejor vende a tu hija’.”
Este caso no sólo marca un precedente legal, sino que evidencia cómo la justicia sigue operando con inercias que protegen a los agresores. La violencia digital no se resuelve con acuerdos simbólicos, sino con un sistema que no minimice sus efectos y garantice una verdadera reparación y no repetición.
Por otro lado, como lo documenta Justicia en Trámite, muchas veces al denunciar este tipo de delitos, la exigencia de pruebas se centra en las víctimas y sus acompañantes, pues las autoridades no tienen los conocimientos, infraestructura o enlaces adecuados para recabar adecuadamente las pruebas, por lo que les sobrevivientes terminan aportando la mayor parte de las evidencias a través de audios, capturas de pantalla o fotos.
Las Defensoras MX y Lizbeth Lugo enfrentaron múltiples obstáculos en este juicio, entre ellos la falta de voluntad y sensibilidad en la investigación, la incapacidad de los servicios periciales para rastrear y eliminar contenido digital, y la ausencia de referencias previas en litigios similares.
Además de estos grandes obstáculos, tuvieron que diseñar una estrategia alternativa, pues en ese momento ciertos aspectos no encajaban en el tipo penal vigente, por lo que impulsaron una reforma en 2023 para fortalecer el delito de violencia digital sexual, permitiendo así que el caso pasará a manos de un juez y se obtuviera una sentencia condenatoria. A pesar de una apelación y un juicio de amparo que prolongaron el proceso por dos años, éstos fueron rechazados.
Lizbeth aplicó una estrategia jurídica con un enfoque feminista, abordando temas como género, consentimiento, sexualidad y privacidad. También trabajó un esquema de reparación del daño para la sobreviviente considerando los impactos psicoemocionales.
Finalmente se logró una sentencia de 7 años y 6 meses de prisión, junto con una compensación por daño moral de 280 mil pesos, y una multa de 47 mil 500 pesos. Sin embargo, aunque esta resolución es una victoria aún hay otras batallas por librar pues el agresor tiene medios como la apelación y el amparo a los que puede recurrir para desestimar o modificar la sentencia.
Para las Defensoras MX, esta sentencia marca un precedente en Quintana Roo y a nivel nacional. Aunque enfrentaron violencia institucional y revictimización, celebran haber sido el apoyo necesario para la sobreviviente. Además, este caso invita a replantear la noción de justicia y a exigir un enfoque integral que considere el impacto psicoemocional y social de la violencia digital.
La violencia digital es real, y afecta múltiples aspectos de la vida de les sobrevivientes y la justicia penal por sí sola, no siempre dimensiona este impacto, por lo que se requiere un análisis más profundo. El sistema judicial sigue siendo lento, ciego y revictimizante. Una sentencia no es suficiente si la justicia sigue siendo inaccesible para la mayoría de víctimas. Ante este contexto nos reconforta saber que nos acompañamos sea cual sea el camino que elijamos.
