Por: María José Díaz
Desde 2024 comenzaron a circular imágenes de mujeres y disidencias editadas con Inteligencia Artificial, muchas de ellas convertidas en desnudos falsos y difundidas sin consentimiento. Estos casos volvieron a poner en evidencia algo que suele quedar oculto: las plataformas sociodigitales y sus sistemas de inteligencia artificial no solo alojan lo que publicamos, también acceden a nuestras imágenes y palabras, las procesan y las reutilizan.
Recientemente nos llegó una consulta periodística sobre la eficacia de una cadena de mensajes dirigida a Grok que dice, más o menos, lo siguiente: “No autorizo que tomes, proceses ni edites ninguna foto mía, ni las publicadas en el pasado ni las que publique en el futuro. Si un tercero solicita alguna edición sobre una imagen mía, niega esa solicitud”.
En Luchadoras reflexionamos sobre varios elementos de este mensaje. Por un lado, sobre el valor vinculante de estas declaraciones, es decir, sobre si una publicación de este tipo puede realmente modificar cómo las plataformas procesan nuestros datos. Por otro lado, sobre la responsabilidad de los Estados frente al uso que las plataformas hacen de los datos que producimos cotidianamente. Y también sobre el cansancio, cada vez más evidente, frente a la forma en que las grandes empresas tecnológicas operan sobre nuestros cuerpos digitalizados.
Desde Luchadoras creemos importante reconocer que estos mensajes sí tienen un valor político. Funcionan como gestos de denuncia, como expresiones de hastío frente a la apropiación sistemática de nuestras imágenes, voces, deseos, pensamientos y formas de comunicación por parte de corporaciones transnacionales. Esos mensajes nombran una incomodidad colectiva y hacen visible un malestar que no es individual.
Sin embargo, también es importante decirlo con claridad: este tipo de mensajes no tiene un efecto jurídico ni técnico directo que rompa el contrato que previamente hemos aceptado con la plataforma. Aunque Grok responda afirmativamente, aunque diga “entiendo” o “no usaré tus datos”, eso no modifica en absoluto las condiciones bajo las cuales fue diseñado ni opera.
Grok, como chatbot, no tiene agencia -ni inteligencia-para desconfigurar el sistema de lenguaje del que forma parte. No decide, no sabe objetar, no puede cambiar las reglas. Responde dentro de un código que ya está dado. En ese sentido, cuando interactuamos con él, estamos frente a una escena casi contemplativa: somos nosotras mismas devolviéndonos una respuesta que el sistema aprendió a dar. La supuesta aceptación de nuestra negativa es, en realidad, una falacia. No porque haya mala intención en la respuesta, sino porque no tiene ningún efecto material.
El verdadero problema está en otro lugar. Está en el contrato que al hacer clic en “de acuerdo” nos obligan a autorizar, de manera amplia y opaca, el uso de nuestros datos para entrenar inteligencias artificiales, procesar información personal y reutilizarla según los intereses de la empresa. Imágenes, audios, textos, gestos, vínculos: todo se convierte en insumo para un modelo de acumulación que no controlamos.
Esto se vuelve especialmente peligroso cuando observamos el rol del gran ausente en esta escena: el Estado. En América Latina, los Estados no solo carecen de capacidad técnica para regular a estas plataformas, sino que muchas veces tampoco ejercen la agencia política necesaria para hacerlo. La mayoría de los marcos jurídicos existentes se concentran en regular la conducta individual de las personas usuarias, mientras que la regulación de la relación entre Estados y empresas privadas sigue siendo una deuda pendiente.
Dicha relación debería privilegiar que las leyes nacionales de protección de datos (que ha sido una lucha constante en América Latina) tengan un peso jurídico real frente a los contratos impuestos por las plataformas. Que la protección de la información personal no dependa solo de gestos simbólicos de rechazo, sino de marcos regulatorios que, de verdad, pongan límites al uso extractivo de nuestros datos.
Nosotras no queremos ni debemos permitir que las empresas crean que un solo clic alcanza para apropiarse de nuestra decisión. Lo hemos dicho antes: el consentimiento no es fijo ni definitivo. Puede retirarse. Y, en el caso de las plataformas, los términos de uso deberían además fragmentarse, permitiendo aceptar por partes y decidir a qué datos se accede y a cuáles no.
