Por: Ixchel García e Itzel Plascencia
Un poquito de contexto:
Claudia Sheimbaum impulsó la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, que la semana pasada fue aprobada por la Cámara de Diputados. Esta nueva ley, entre otras cosas, implica varios riesgos para todes:
- Da poder a la Secretaría de la Defensa Nacional para usar y procesar y formación para actividades de inteligencia* por “motivos de seguridad nacional» sin límites ni restricciones claras (impunidad)
- Permite que la Guardia Nacional acceda sin autorización judicial, a datos conservados por empresas de telecomunicaciones, así como a la geolocalización en tiempo real de dispositivos móviles (vigilancia)
- Autoriza operaciones encubiertas ya señaladas como violatorias del derecho a la privacidad y a la no incriminación. Aunque estas prácticas fueron cuestionadas incluso desde instancias oficiales, ahora se normalizan por vía legislativa, es decir, la ilegalidad se convierte en política de Estado.
Estas reformas (acá nuestres amigues de SocialTic dan detalle de todas ellas) se discutieron sin la más mínima apertura al diálogo con sociedad civil e ignorando sus recomendaciones y exigencias frente a este paquete legislativo que, bajo la perspectiva de seguridad, representa múltiples amenazas para nuestros derechos.
*Proceso sistemático de recolección, análisis y evaluación de información para producir conocimiento útil que respalde la toma de decisiones, especialmente en materia de seguridad nacional y defensa del Estado.
Tiempo… ¿Qué está entendiendo el Estado por “seguridad”?
México lleva décadas arrastrando un proceso de militarización progresiva que se ha profundizado sobre todo en los últimos sexenios: desde la «guerra contra el narcotráfico» en 2006 hasta la actual expansión del rol militar en seguridad pública, migración, educación, infraestructura y hasta salud. Lo que estamos viviendo no es nuevo, pero sí es cada vez más normalizado, institucionalizado y habilitado por los poderes del Estado.
En este contexto, la seguridad se vuelve una palabra vacía que el Estado llena de fuerza, vigilancia y castigo. Lejos de significar protección colectiva, se ha convertido en una excusa para ampliar el control estatal y criminalizar la disidencia.
La narrativa de seguridad en manos del Estado desdibuja el límite entre seguridad nacional y represión política, y se construye bajo una perspectiva violenta y patriarcal pues se traduce en control, represión y silenciamiento.
El uso de estos mecanismos para supuestamente atender la crisis de seguridad y desapariciones en la que el país lleva años, es especialmente alarmante. El Estado dice que necesita más herramientas para resolver la violencia, pero lo que hace es reforzar el aparato de vigilancia y castigo. Y nos preguntamos, ¿quién garantiza seguridad cuando los responsables de protegernos también son responsables de desaparecer personas?
Esta Ley y las reformas son parte de un proyecto autoritario más amplio que incluye la expansión de las capacidades de vigilancia estatal, el control territorial y el uso de tecnologías sin límites claros ni mecanismos de rendición de cuentas.
La vigilancia digital se cruza con la represión física y la violencia necropolítica que impera en nuestro país. No es solo un mecanismo para controlar sino que se trata de una maquinaria más amplia de control y violencia. Como dice Achille Mbembe “el poder necropolítico decide quién puede vivir y quién debe morir.” En México, eso se ve en los cuerpos desaparecidos bajo un Estado capitalista y militarizado que decide sobre nuestras vidas. Cuando este contexto se cruza con las tecnologías hay más posibilidad de rastreo, vigilancia hostigamiento y censura
Sayak Valencia lo nombra en “Capitalismo gore”, este es un sistema que se alimenta del desgaste físico y simbólico de cuerpos considerados desechables, y por ende, podemos decir que la seguridad que se nos impone no protege, sino que administra la muerte.
Sabemos que la vigilancia estatal no es neutral ni equitativa, tiene sesgos de género, clase y raza, por ello, desde una perspectiva transfeminista, nos preocupa el uso de herramientas tecnológicas y militares contra poblaciones históricamente violentadas como las personas trans, no binaries, defensoras del territorio, periodistas, migrantes, activistas y todas las comunidades disidentes organizadas. Esta ley es una amenaza directa a quienes ya vivimos bajo riesgo por existir y resistir fuera del sistema cishetero patriarcal, capitalista y colonial.
La seguridad no puede ser militarizada, ni se construye con armas ni con espionaje, sino con justicia social, cuidados colectivos y políticas públicas transformadoras que respondan a las necesidades reales de la población.
¿Qué pasa cuando se cruzan las tecnologías, la vigilancia y la militarización?
Se ha documentado cómo el Ejército mexicano ha espiado a defensoras de derechos humanos, periodistas, activistas e incluso funcionarias. Entonces nos preguntamos ¿qué garantías tenemos cuando quienes tienen el poder nos pueden espiar con total impunidad?
Esta ley legaliza una violencia estructural e histórica: el espionaje no comienza con ella, pero sí se legitima, legaliza y se vuelve política de Estado.
La extensión de las facultades de la Guardia Nacional y sus herramientas de vigilancia, también son una forma de disciplinar cuerpos e identidades disidentes. No es casual que muchas de las personas vigiladas sean feministas, personas trans, indígenas o periodistas críticas. El Estado vigila lo que le incomoda y le hace frente.
Es sumamente preocupante el uso de tecnologías como Pegasus y sistemas de inteligencia artificial sin control ciudadano ni judicial. El cruce entre tecnología, vigilancia y militarización configura un escenario muy peligroso para nuestros derechos digitales que son derechos humanos.
Lo que ahora nos presentan como una herramienta que supuestamente nos protege, en realidad fortalece un aparato que ha sido históricamente utilizado para vigilarnos, violentarnos y silenciarnos.
Frente a la seguridad militar que nos ofrece el Estado que implica vigilancia, represión y control, nosotres nos organizamos, resistimos y construimos la seguridad desde los cuidados colectivos y la comunidad en nuestros esfuerzos cotidianos.
