Hace algunos años, Guadalupe barría los pisos de los salones de una preparatoria en la Ciudad de México; Ema atendía a un paciente en un hospital público de Chiapas; Olivia se preparaba en Sinaloa para irse a limpiar mariscos; y Brenda decoraba productos en una maquila de Coahuila. Ninguna pensó que se convertirían en defensoras de los derechos de las y los trabajadores.
En México, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte que permitió la entrada de empresas extranjeras al país para el uso de mano de obra barata; las modificaciones al Sistema de Seguridad Social de 1997 que limitaron el acceso a las pensiones jubilatorias; la reforma laboral de 2012 que regularizó la subcontratación; y el incremento de contratos de protección en los sindicatos, son algunos de los bastiones de un proyecto de nación que lleva más de 20 años precarizando el trabajo, principalmente en sectores donde se emplean más mujeres. Modelo que se traduce en sueldos que no alcanzan para comprar lo mínimo de una canasta básica, jornadas de más de 10 horas continuas, así como violencia, acoso, discriminación e impunidad.
Lejos de creer que no hay opciones, las trabajadoras están optando por organizarse, exigir mejores condiciones al interior y fuera de sus espacios de trabajo, y para informar a toda la población sobre la urgencia de ver el trabajo digno como cualquier derecho humano. Se mantienen en resistencia aunque puede implicarles despidos, estigmatización, rupturas familiares, y hasta riesgos contra su propia vida, como nos contaron algunas trabajadoras de diferentes sectores entrevistadas a propósito del Día del Trabajo.
DE TRABAJADORAS A DEFENSORAS
Muchas de estas trabajadoras jamás creyeron que, junto con otras, defenderían derechos laborales y que esto transformaría su vida para siempre. Guadalupe Carrasco, trabajadora de intendencia fue despedida –junto con 58 compañeras más- en enero de 2016 del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México (IEMS) por exigir estabilidad laboral, seguridad social y sueldos mayores a los mil 500 pesos quincenales que recibían.
Su despido la llevó a tomar por primera vez un micrófono para hablar frente a un grupo de personas, participar en reuniones con autoridades de gobierno, liderar mítines y manifestaciones públicas, y conocer muchas otras luchas a las que después se sumó.
Guadalupe está al frente de esta lucha por un trabajo digno representando a muchas de sus compañeras, varias de ellas son madres solteras y adultas mayores de 60 años. Ella continúa en la resistencia pese a los obstáculos que tiene que enfrentar, no sólo perdió el trabajo, también se enfrentó a una profunda estigmatización en su círculo más cercano, por ejemplo, se separó de su esposo porque a él “le avergonzaba” que ella participara en eventos públicos. Ella es responsable de la manutención de un niño y no tiene otro ingreso fijo. Además, el plantón que instaló afuera de una preparatoria del IEMS, donde pasa la mayor parte del tiempo, ya fue allanado dos veces.
La subcontratación –regularizada en México en 2012- impidió que las trabajadoras de limpia fueran reinstaladas después de su despido injustificado porque ni el Instituto, ni la empresa asumen sus responsabilidades como empleadores. Tras el despido masivo, las autoridades del IEMS negaron que tuvieran alguna relación laboral con las trabajadoras; por el contrario, se develó que desde hace varios años el gobierno capitalino subcontrata el servicio de limpia a través de empresas a quienes no supervisa para que respeten derechos.
Ante esta situación, las trabajadoras decidieron organizarse, hicieron plantones afuera de las escuelas donde laboraban, pidieron asesoría a las organizaciones de la sociedad civil, se capacitaron en materia de derechos laborales, iniciaron mítines y se defendieron. Para mantenerse venden comida, organizan torneos de futbol y otros eventos, y tienen un bote donde juntan dinero que les da la gente. Ahora se dedican a aprender más sobre la historia de las luchas sociales, justicia laboral, y derechos humanos para enseñar a otras personas de intendencia a defenderse.
Guadalupe se asume defensora y asegura que su mayor lección es que “a pesar de que la familia no te entiende, te dice que por qué estás peleando y que cómo crees que vas a ganar, cuando conoces la historia de luchas de este país, donde incluso muchos dejan la vida, sabes que vale la pena porque todas las luchas las ha ganado el pueblo organizado”.
Guadalupe Carrasco en mitin afuera de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Crédito: Greta Gómez Rico.
Olivia Guzmán, una trabajadora que migra cada año de Sinaloa a Estados Unidos bajo el sistema de Visas de Trabajo H2-A y H2-B para emplearse en diferentes industrias, coincide con Guadalupe. Ella asegura que defender los derechos laborales es una decisión difícil e importante que te cambia directamente la vida.
Al asumir que quería demandar mejores condiciones laborales, Olivia se arriesgó a que ningún reclutador quisiera llevarla a EU, la anotaran en listas negras y la estigmatizaran como “conflictiva”; además, en la misma comunidad los derechos laborales no son vistos como derechos humanos. Esto dificulta que a personas como ella se les reconozca como defensoras, lo que, dijo, “te da la oportunidad de explicarle a otras compañeras y compañeros que no sólo defiendes los derechos para ti, sino que es algo para todos, y que si los defienden juntos todo va a salir mejor”.
Las trabajadoras migrantes temporales que viajan con ese sistema de visa padecen cobros indebidos durante el reclutamiento, explotación, hacinamiento, pagos por destajo que les lleva a cumplir jornadas extenuantes, acoso sexual y discriminación. Para hacer frente a estos abusos, conformaron la Coalición de Trabajadoras y Trabajadores Migrantes Temporales Sinaloenses –integrada por personas como Olivia- que, entre otras acciones, informa a otras personas sobre las visas laborales, sus derechos y cómo defenderlos. Esta Coalición ha tenido varios logros, entre ellos iniciar un proceso legal contra un reclutador que cometió fraude.
Olivia Guzmán con la Coalición de Trabajadoras y Trabajadores Migrantes Temporales Sinaloenses. Crédito: Greta Gómez Rico.
La represión y el estigma es una constante para las defensoras de estos derechos. Otro ejemplo es el de las trabajadoras de la maquila Johnson Control, en Monclova, Coahuila, que desde el 2016 fueron despedidas de sus espacios de trabajo por exigir a su sindicato que mejorara sus condiciones, por ejemplo, despedían injustificadamente a las personas, violaban las garantías de las mujeres embarazadas y exigían trabajar jornadas de más de 10 horas.
Al respecto, Brenda Torres, una de las trabajadoras despedidas relató que ellas decidieron organizarse porque llevaban hasta más de 20 años, en algunos casos, trabajando en condiciones injustas. Por ejemplo, ella no tenía tiempo de estar con su familia y no podían exigir ningún derecho porque se convertía en represalia. A ellas las despidieron pero después la empresa las “boletinó” en otras fábricas para que no consiguieran empleo.
Luego de este proceso, Brenda entendió que las empresas, en contubernio con los sindicatos corporativistas, ven a las obreras como “maquinas esclavizantes” sin importar su vida más allá del trabajo, por eso les hacen creer que no tienen otra opción de vida o trabajo. “Nosotras vivimos en una sociedad que está acostumbrada a trabajar, trabajar, sin tiempo para toda cosa. Hay que informarse, porque no vale la pena vivir maltratada, vejada, y callada, humillada. (…) Yo descubrí que una vez que rompes con eso descubres que sí se puede vivir de otra manera, de pasar más tiempo con tu familia y de tener más tiempo para ti”.
Recientemente, las obreras ganaron ya una parte del proceso de defensa legal para su reinstalación, pero también consiguieron que –tras su despido- la empresa redujera una hora 20 minutos la jornada laboral diaria de quienes se quedaron, y siguen en pie de lucha pues aún tienen un largo camino por recorrer.
Trabajadoras de la maquila Johnson Control. Crédito: Brenda Torres
Las trabajadoras de la salud que en febrero 2017 iniciaron una huelga de hambre afuera del Hospital de la Mujer en Chiapas, son otro ejemplo de que la defensa de los derechos laborales significa la defensa de otros derechos.
Su protesta, por ejemplo, puso en evidencia que el Instituto de Salud local adeuda a las y los trabajadores de este sector el pago de varias prestaciones, pero también demostró que en los nosocomios y unidades médicas de los municipios más alejados del centro de Chiapas no hay los medicamentos ni materiales necesarios para la atención de la gente.
María de Jesús Espinoza, Ema Escobar López, Verónica Zenteno y Modesta Saldaña, quienes participaron en la huelga y el movimiento de las trabajadoras de salud, coincidieron en que la ausencia de pago de prestaciones estaba endeudando a las familias pero lo que detonó la huelga fue que las enfermeras ya no querían ver morir a la gente por falta de atención, ni pedirle a las personas que pagaran de su bolsa medicamentos que debían estar garantizados.
“Si no traen ni para pagar un taco afuera del hospital, cómo les vamos a pedir que paguen estudios de más de 3 mil pesos. No quise ser cómplice de esos abusos que iban en contra de toda la población, tanto la trabajadora del sector salud como el resto de la gente” (…) “Fueron momentos muy críticos, algunas teníamos triple jornada, a veces ser padre y madre, pero organizarnos fue una herramienta para hacer cumplir al Estado sus obligaciones, porque sabíamos que de no hacerlo los abusos continuarían. La lección es que debemos seguir caminado organizadamente, y que sabemos que la razón nos asiste y la justicia llegará”, relataron las mujeres.
Las defensoras sobrevivieron durante la huelga con el respaldo de otras trabajadoras del sector y con la solidaridad de la gente que les llevaba agua, dinero, y medicamentos. Las trabajadoras suspendieron después de varios días esta protesta, pero decidieron seguir con mesas de negociación con las autoridades.
Durante esa huelga, la abuela de una defensora murió y las trabajadoras afectaron su salud. Hasta ahora, el gobierno aún les debe varios pagos y no ha completado el abasto de medicamentos; sin embargo, emitió órdenes de aprehensión por “motín” contra diferentes trabajadoras y trabajadores que participaron en la defensa de derechos.
Como estos casos, existen procesos de resistencia en todo el país. Por ejemplo las jornaleras del Valle de San Quintín que en 2015 participaron en una gran huelga por mejorar su salario; las obreras textiles en Puebla que conformaron cooperativas para que su trabajo no dependiera de las fábricas; o las trabajadoras del hogar que lograron la formación de un sindicato colegiado e independiente. Estos procesos están liderados por mujeres que –coinciden- se negaron a aceptar la explotación laboral, y se convirtieron en defensoras para transformar las condiciones de empleo y de vida para ellas y quienes las rodean.
