El ataque sistemático a los derechos humanos, las detenciones arbitrarias, las ejecuciones extrajudiciales, la criminalización y el acoso por parte de la dictadura Ortega-Murillo son componentes de la realidad que se vive en Nicaragua y que comenzó desde el pasado 18 abril, cuando la atención mediática global volcó su mirada hacia lo que aconteció en las calles de Nicaragua: una serie de reformas al sistema de seguridad provocaron el estallido de protestas en contra de las decisiones gubernamentales. Pocos días después, por medio de la llamada “operación limpieza”, se implementaron estrategias deliberadamente letales en contra de las y los manifestantes.
Integrantes de la Iniciativa Nicaragüense de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, en entrevista con Luchadoras, compartieron sobre la situación sociopolítica que enfrenta el país, el papel del movimiento feminista y las formas específicas de represión a las que se ven enfrentadas las mujeres activistas en dicho contexto de criminalización.
La Iniciativa Nicaragüense como parte de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), es una articulación de organizaciones y activistas que desde 2010 luchan por dar una respuesta integral feminista y regional al aumento de violencia contra las defensoras de derechos humanos. Para ellas, la crisis en Nicaragua es el peor escenario al que se han enfrentado en 9 años, no obstante, también lo viven como una oportunidad para transferir las experiencias adquiridas y la sabiduría de las defensoras de otras latitudes y escenarios políticos -como la crisis por el Golpe de Estado en Honduras en 2009-, y para sumar nuevos aprendizajes, como lo es entender la condición de cada defensora:
“La situación en Nicaragua de las defensoras históricas no es la misma que la que viven las activistas más jóvenes o las campesinas […] la represión se expresa de distinta manera y los riesgos son distintos también, esto nos llevó a entender cuáles son los agentes que permiten que la represión se lleve a cabo”.
En muchos sentidos la crisis en Nicaragua es un desafío para IM-Defensoras, a partir de mayo de 2018 comenzaron a realizar informes de manera mensual con la finalidad de ajustar las estrategias regionales a las necesidades específicas de las defensoras nicaragüenses.
El domingo 14 de octubre, Haydeé Castillo, defensora y directora del Instituto de Liderazgo de Las Segovias, fue detenida y trasladada a la prisión conocida como el Chipote. Pero las agresiones en su contra comenzaron desde abril pasado, cuando Castillo fue objeto de ataques físicos, amenazas, señalamientos y campañas de difamación.
Ese mismo día (14 de octubre) fueron arrestadas de manera arbitraria 40 personas durante una manifestación que convocaba a la unidad nacional azul y blanco y que buscaba evidenciar los nuevos elementos represivos que contenía el decreto 15-2018 de la “Ley contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva” (Ley 977), publicado días antes.
“Temprano en la mañana se desplegaron más de 500 policiales armados por toda Managua, con antimotines y todo el equipo armamentista. Las personas que estaban pronunciándose sólo estaban diciendo consignas, no estaban marchando, estaban paradas en un centro comercial. Había personas diversas: de empresas privadas, de barrios populares, feministas, entre otros; esta variedad fue una expresión de la heterogeneidad de la lucha en contra de este régimen […] de un momento a otro, todo se tornó violento, las personas arrestadas fueron trasladadas al Chipote, símbolo de la dictadura Somocista y su continuación, la de Ortega-Murillo, que justamente ha mejorado los mecanismos de tortura y represión”.
Ese día surgió la campaña del Pico Rojo cuando Marlen Chow, -socióloga, feminista y una de las detenidas-, decidió pintarle los labios de rojo a sus compañeras de celda en el Chipote. Cuando le preguntaron sobre la organización a la que pertenecía, ella dijo que era “de las mujeres del Pico Rojo”. “Eso se convirtió en un trending topic internacional y las fotos con Pico Rojo eran justamente para condenar la represión y el encarcelamiento por la dictadura. Gracias a la presión internacional, sí se liberaron a las 40 personas pero todavía hay más de 500 presos políticos en el país, entre ellas 60 mujeres que están en condiciones inhumanas, que no pueden recibir visitas familiares ni atención médica, algunas de ellas están en situaciones críticas de salud, completamente aisladas”.
Para la Iniciativa es indispensable entender que la crisis sociopolítica no inició en 2018, (versión que se ha propagado por los medios de comunicación internacionales). Lo que sucedió en abril “fue una nueva etapa de represión, una muestra del desdén y arrogancia que los Ortega-Murillo mantienen frente al pueblo; se maneja que fue por un decreto que afectaba la política de seguridad social pero la verdad es que una semana antes de eso, se llevó a cabo una jornada de protestas muy importante que denunciaba la quema de la mayor reserva forestal del país y que estaba asociada a intereses de la empresa privada, la cual pretende extender la frontera agrícola dentro de la reserva forestal, esta negligencia generó un levantamiento muy importante del movimiento estudiantil y de otros grupos en el país”, explicaron.
Jorge Mejía Peralta vía Flickr
La pérdida del sistema democrático y el retroceso de los derechos humanos es evidente desde que Daniel Ortega llegó al poder en 2007 y el posterior nombramiento de Rosario Murillo como vicepresidenta de Nicaragua, 10 años después. En 2013, jóvenes salieron a apoyar a las personas de la tercera edad que se organizaron por medio del movimiento #OcupaINSS, de forma que las primeras agresiones fueron justamente hacia personas de tercera edad y jóvenes: “esto fue la gota que derramó el vaso, el hartazgo que había hacia la represión y el afán de acallar las voces disidentes”. Lo que comenzó en 2018 fue una agudización de las medidas económicas y represivas que ya se venían implementando años atrás”, en este sentido:
“El movimiento feminista fue de los primeros en alertar sobre el germen de la dictadura que estaba comenzando que también se expresó en agresiones e intervenciones a organizaciones feministas y en sucesos como la revocación de la ley de aborto terapéutico que igualmente fue producto de la alianza estado-iglesia”.
Durante este periodo también se gestó una política extractiva muy dura; el impulso de minas de cielo abierto y el proyecto del Gran Canal Interoceánico propició que la comunidad campesina perdiera sus tierras. “La represión al movimiento campesino, al movimiento feminista, a comunicadores y periodistas es algo que se vive desde hace más de cuatro años en Nicaragua”.
La represión ha tenido varios momentos: comenzó con balas de goma que dejaron ciegos a varios jóvenes y en poco tiempo se convirtieron en asesinatos, esto es lo que Amnistía Internacional trató en su Informe: Disparar a Matar: “Era un patrón donde el fin claro era la exterminación de quienes participaban en la protestas. Muy pronto, en el primer mes teníamos más de 40 asesinatos.
Después, producto de esos asesinatos, se dió lo que llamamos los tranques, que básicamente eran barricadas que levantaron los jóvenes y las comunidades para protegerse de la represión. Finalmente, la “operación limpieza” significó un despliegue mayor de violencia militar para lograr el derrumbe de las barricadas; es en este momento cuando el gobierno empezó a hablar de terrorismo”.
Las y los terroristas para las modificaciones de la Ley 977 impulsada por el presidente y ex militar Daniel Ortega, son las personas que participan en protestas sociales y/o que están en contra del régimen. Aunque estás leyes ya existen en todos los países, sin embargo:
“Lo que hizo Ortega fue aplicar concepto de terrorista a cualquiera que se opusiera al régimen […] de modo que estas nuevas leyes que se supone están destinadas a proteger a los países de crímenes internacionales fueron utilizada para detener la protesta social”.
En otras palabras, las modificaciones a la Ley 977 a la que hemos hecho referencia, ligada a la promulgación de la “Ley de la Unidad de Análisis Financiero” (Ley 976) se convirtieron en una herramienta, no sólo para la criminalización de actos individuales sino también de los fondos que “financian actos terroristas”, lo que ha implicado y ha puesto en riesgo toda una cadena: “No se ataca sólo a las personas que están incidiendo, quienes están protestando en las calles, se golpea también a organizaciones de derechos humanos que apoyan a quienes están en riesgo y a quienes han sufrido agresiones. Se ha vulnerado muchísimo la capacidad de tener fondos para poder responder a esta crisis humanitaria.”
En medio de las diferentes etapas de crisis y represión se ha utilizado el diálogo por parte del gobierno, como una medida para ganar tiempo y formar nuevos cuerpos paramilitares. “En diferentes ocasiones ha sido presentada la situación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en ningún momento el gobierno se presentó a las sesiones. En agosto fueron eliminados del país a los representantes del alto comisionado de la ONU, anteriormente al PNUD y a UNICEF”.
Durante este largo proceso, IM-Defensoras ha trabajado en visibilizar las formas de violencia y agresión específicas a las que se enfrentan las mujeres defensoras en Nicaragua, durante el periodo de crisis más álgido y en la formación de los tranques, la presencia de las mujeres fue imprescindible, en este contexto de lucha, los casos de violencia sexual, acoso, tocamientos y violación no se hicieron esperar, los ataques no sólo se llevaron a cabo por agentes del Estado sino también por parte de sus propios compañeros.
La violencia sexual tiene un abanico y un rango muy amplio, que va desde la ejercida por medio de redes sociales o el correo electrónico, hasta la violencia física: “Por ejemplo, tuvimos el caso de una periodista, nunca recibió agresiones físicas pero el nivel y la constancia de amenaza de orden sexual que estaba recibiendo nos llevaron a moverla de sitio. Esto me parece muy importante, no hemos insistido en el tema de la seguridad digital y de cómo las redes sociales, los teléfonos, los correos electrónicos, se convierten y se han convertido en vehículos para las agresiones. El análisis de los riesgos a nivel digital ha sido un elemento muy importante dentro de este abordaje para la protección en Nicaragua”, mencionaron.
Otro contexto en el que el que las concepciones de género juegan un papel muy importante es durante los procesos de desplazamiento y la búsqueda de refugio. A partir del agudizamiento de la represión en Nicaragua, IM-Defensoras ha trabajado para evitar que las activistas atacadas permanezcan en una situación de riesgo, los centros de acogida implementados a nivel regional han sido una manera importante de proporcionarles espacios seguros, sin embargo, para la Iniciativa estos desplazamientos tienen dificultades específicas, principalmente en los casos en los que las defensoras no se pueden cambiar de residencia sin sus hijos e hijas o cuando otros integrantes de sus familias dependen económicamente de ellas, incluso en muchos casos, “sus seres cercanos, los hijos/hijas y otros familiares se convierten en focos de acoso y vulnerabilidad”.
La labor de IM-Defensoras no termina en proporcionar espacios seguros a las defensoras ya que en el desplazamiento “hay nuevos riesgos, en Costa Rica, las posibilidades de que emerjan nuevas amenazas como la explotación sexual, es alta y nos llevan a poner mayor atención, no basta con sacar del país a la afectada, necesitamos también asegurarnos de que puedan estar en un espacio seguro para que logre incorporarse a la vida social, política y cultural del nuevo país”.
Por otro lado, “en un contexto de políticas migratorias terribles, nos hemos dado cuenta con Nicaragua que las fronteras no sólo afectan en términos económicos sino también para salvar vidas, por desgracia no hay visas humanitarias que permitan sacar a una defensora de forma urgente”.
A pesar de los avatares que trae consigo el ataque a los derechos humanos en Nicaragua, los movimientos feministas del país han sufrido una transformación que ha logrado fortalecerlos, la represión, los riesgos, las amenazas les han unido:
“Al vernos todas como defensoras y activistas víctimas de un sistema […] hay un mayor reconocimiento de la diversidad. Las más jóvenes que se incorporaron a la lucha después de abril están confrontando a un sistema, definitivamente esto ha sido clave para ese fortalecimiento”.
Nicas Catalunya vía Facebook
La detención el pasado 14 de octubre fue emblemática, de las 40 personas detenidas, 14 eran feministas, por lo que en pocas horas, compañeras y organizaciones se movilizaron junto a otras instancias como Amnistía Internacional, para realizar la denuncia y la exigencia de justicia. Estos episodios han sido claves en las campañas de apoyo a Nicaragua, en la visibilización de los diferentes mecanismos de represión que se están implementando en el país, así como en la exigencia de justicia para los cientos de personas que han sido asesinadas y las que permanecen encarceladas por el régimen orteguista.
