Mujeres feministas luchan por mantener viva la democracia en un momento de persecución política y régimen de excepción.
Texto por Danielle Mackey
Fotografías por Lizbeth Hernandez
El último mes, el gobierno inconstitucional de Bukele arremetió contra las voces críticas de su régimen: defensoras y defensores del territorio, abogades, periodistas, organizaciones de la sociedad civil. Una de las afectadas es la abogada Ruth López, cuyo trabajo la ha llevado a ser reconocida como una de las 100 mujeres más influyentes de 2024, según la BBC. Y quien fue detenida el 19 de mayo pasado.
Esto mientras han salido a la luz más investigaciones periodísticas sobre sus acuerdos con las pandillas para llegar a la presidencia. Y, aunque el panorama se perfila más complejo en este país centroamericano, es importante no olvidar que hay quienes siguen resistiendo. Esta serie reconoce a mujeres que sostienen diversas luchas: desde la ambiental a la periodística, de la lucha de madres cuyos hijes desaparecieron en el periodo de la guerra civil en este país (El Salvador) entre los 80 e inicios de los 90.
Angélica Cárcamo
Angélica Cárcamo, presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), celebra que el movimiento feminista salvadoreño ha ido creciendo en los ultimos años, especialmente entre las mujeres jóvenes. Lo que les ha llevado a la calle repetidas veces incluye los “abusos a mujeres por los militares y la policía, agresiones sexuales en el marco del régimen de excepción por parte de esas entidades”, cuenta. “¿Cómo va a denunciar la familia de la víctima si nadie les va a creer y no hay un sistema judicial independiente?”, se pregunta. Sin la solidaridad de los sectores civiles como el feminismo, las víctimas quedarían totalmente aisladas.
La denuncia colectiva es clave hasta para mujeres muy públicas, dice, citando el ejemplo de la congresista Claudia Ortiz. ”Ella es de las pocas que tiene una narrativa contundente, e intentaron proponerla como candidata para la presidencia. Pero cuando se anunció, hubo una ola brutal de troles en las redes que la atacaron”, recuerda.
En su cargo como presidenta de APES, Angélica también revisa muchos casos de agresiones contra periodistas, un grupo que ha sido blanco de ataques por Nayib Bukele. Hay periodistas que sufren “permanentes patrullas policiales” alrededor de sus oficinas y casas, y quienes han experimentado el desprecio generalizado de una población que retoma el discurso del presidente de que la prensa es el enemigo. Un ejemplo: “Hubo un periodista de El Diario de Hoy que pidió un Uber a la oficina y el motorista lo puteó al saber adonde lo llevaba”. Angélica misma ha recibido amenazas digitales y sabe que no es la única periodista en recibirlas. Los mensajes más comunes: “Te voy a matar”, “sé donde vivís”, “conozco tu familia” y, si la periodista es mujer, “te voy a violar”. Recuerda cuando dos soldados aparecieron de repente afuera de su casa y se quedaron ahí durante dos horas, un claro mensaje que el Estado sabe donde vive y la tiene en la mira.
APES ha contabilizado más de una decena de periodistas de El Salvador en el exilio permanente o temporal. Hay quien se queda pero escoge autocensurarse y evitar publicar temas que al presidente le podría disgustar, explica, así que la narrativa de la realidad del país que termina predominando es la de Bukele, quien antes de ser político trabajaba en la empresa de relaciones públicas de su familia. “Él es vendedor de imagen. Eso es Bukele, vende su imagen”, afirma.
En tal ambiente, no es necesario cerrar un medio o llenarlo de soldados para censurar. “Él es muy astuto, y por eso lo quieren copiar muchos políticos en la región. Él juega a través de las narrativas”, dice Angélica, comprometida con seguir adelante. “Lo que tenemos ahora es una dictadura. Yo conozco a gente que dio todo en nuestra guerra civil, hasta la vida misma, por la democracia. Y ahora esto apenas empieza, lo peor está por venir. Pero mientras podamos hacer algo desde el periodismo, lo haré”, cierra.
Ruth López
En julio de 2024, la organización de defensa de los derechos humanos Cristosal publicó un informe con evidencia de que, bajo el régimen de excepción, el Estado salvadoreño está cometiendo crímenes de lesa humanidad. Es un ejemplo fiel de la clase de información que Ruth López, abogada y oficial anticorrupción de Cristosal, constantemente está evaluando y denunciando de forma pública. Ella también señala que la comunidad internacional no ha rechazado el autoritarismo y los abusos de Nayib Bukele como debe. Dicho silencio hace más peligroso el trabajo de defensa, porque transmite el mensaje a la administración que no habrá consecuencias por sus actos.
Ruth ha observado, por ejemplo, “un comportamiento errático frente al presidente y a sus abusos” por parte del Gobierno estadounidense, lo cual califica como “un tema de cálculo político”. Lo mismo ha ocurrido con la mayoría de los presidentes de otros países y con los organismos multilaterales que tienen el deber de velar por la democracia de sus miembros. La vulnerabilidad de la población se está incrementando cada vez más y, tal como cuenta Gabriela Santos, son las personas defensoras en el interior del país las más expuestas y quienes le preocupan más a Ruth. “A mí me pueden atacar en las redes, pero a una mujer defensora en una comunidad se le puede llevar el régimen. No es que no me sienta en riesgo, pero sé que los riesgos que corro son muchos menores que los que pueden enfrentar otras mujeres”, dice.
Habla por ejemplo de casos como el de la ambientalista Vidalina Morales, quien ha encabezado desde hace dos décadas el movimiento a favor del agua frente a la amenaza minera. En 2023, detuvieron a su hijo sin fundamento y lo retuvieron durante 24 horas. La detención dejó el mensaje de que la autoridad puede hacer, y hará, lo que le dé la gana. “El gobierno es misógino, es evidente. El nivel de agresión hacia las mujeres es altísimo, y, aunque no sean las más llevadas en el régimen, ellas son las más afectadas”, afirma Ruth. Es por esas mujeres, y por el futuro de su país, por lo que Ruth enfrenta el riesgo de ser una cara visible de resistencia a la dictadura.
El 18 de mayo de este 2025, Ruth López, quien en 2024 fue considerada por la BBC una de las 100 mujeres más influyentes e inspiradoras del mundo, fue detenida. Durante varias horas se desconoció su paradero y pasaron días antes de que su familia pudiera entrar en contacto con ella. Cristosal ha denunciado que su detención y la acusación en su contra, por presunto peculado, “es un ataque contra todo el movimiento de derechos humanos”. Organizaciones nacionales e internacionales exigen su libertad.
Mirna Perla
La abogada y exmagistrada de la Corte Suprema salvadoreña, Mirna Perla, era estudiante universitaria en julio de 1975, cuando casi muere en una marcha estudiantil contra el creciente autoritarismo en el país. A los pocos años, estalló una guerra civil sangrienta y la protesta de ese día, que terminó en el asesinato y la desaparición forzada de decenas de estudiantes, fue un parteaguas en la historia salvadoreña por lo descarado de la actuación estatal: dio a entender al país entero que venían días muy oscuros. Mirna escapó de las tanquetas de puro milagro quebrando su pierna en el proceso, pero dando pie a una larga trayectoria de militancia política izquierdista y liderazgo social que sigue hasta hoy.
“Para el Estado, la represión de ese día fue un método para aterrorizar y desarticular las organizaciones. Lo que está pasando ahora con las detenciones bajo el régimen de excepción es igual. Las carceles son verdaderos centros de tortura”, subraya.
La abogada remarca que entre los detenidos hay sindicalistas, ambientalistas y prisioneros políticos, e insiste en que la represión no solamente está pasando dentro de las cárceles, sino también afuera: cita, por ejemplo, la particular amenaza que sufren los operadores y operadoras de la justicia en un país donde el Ejecutivo se ha apoderado de todos los ramos del Estado para “anular las separación de poderes, anular la Constitución”. “Hay una amenaza latente contra todo juez que ha tratado de resolver de acorde a la ley. Cuando han resuelto en contra de lo que Bukele quiere, les han trasladado, o les han amenazado con abrirles algún proceso legal, y dada la situación en las cárceles, el ser detenido es una verdadera amenaza”, dice.
Para Mirna es cada vez más incierto hasta cuándo las defensoras como ella podrán seguir viviendo en El Salvador, y cada vez más claro que los patrones del pasado se están repitiendo.
Madre Lucy
“Muchas madres ya no están con nosotras”, lamenta Madre Lucy, la presidenta de la organización histórica COMADRES, nacida durante la guerra civil para buscar a los desaparecidos a manos del Gobierno. “Las madres eran perseguidas, capturadas, torturadas. Su delito fue buscar a sus seres queridos. Muchas fallecieron en condiciones adversas relacionadas con esas torturas que habían sufrido. Es una doble injusticia, porque ellas fallecieron sin recibir justicia por sus desaparecidos”, dice.
Madre Lucy cuenta que, durante años, han exigido justicia y reparaciones, y que cuando Bukele llegó a la presidencia pensaron que les iba a apoyar.
“Ese señor prometió que sí iba a escuchar a las víctimas, pero nos dieron la falsa esperanza”, recuerda. “Es una farsa que estamos en un país cool, como él trata de vender. Estamos sumamente preocupadas porque hemos tenido un retroceso profundo”, añade.
Para COMADRES, como organización, el reto hoy es existencial: las madres fundadoras se están muriendo sin recibir respuestas sobre el paradero de sus seres queridos, sin recibir justicia por las detenciones y torturas que sufrieron ellas por buscarles, y, en vez de atender al problema, la Administración está llevando al país cada vez más hacia ese pasado oscuro, militarizado y autoritario.
Muchas de las madres que sobreviven están en condiciones sumamente precarias, en casas con “techos de lámina podrida, paredes de plástico,que no tienen nada, ni qué comer”, lamenta Lucy. “Y encima se sufre el insulto. Antes éramos las viejas locas que gritabamos en la calle, esas viejas locas que molestan. Y ahora somos las viejas locas que no pueden dejar de hablar del pasado”, dice.
Sobre el estigma que enfrentan las madres hoy que hacen fila en las cárceles para dejar comida a sus encarcelados en el Bajo Lempa, Rossy Iraheta Marinero contó que las dicen “la llorona”, “la irresponsable”, “la que no supo educar”, “la que defiende a pandilleros”.
Las Comadres reman contra la corriente: se reúnen con las generaciones nuevas de estudiantes de la universidad que no saben la historia del movimiento social de la guerra, y ellas comparten sus testimonios. “Quedan muy impactados. Nos dicen con los ojos bien abiertos: ‘¿Y eso le pasó, madre?’ Cuando nosotras ya no estemos para contar estas cosas, temo que tratarán de aplastar la verdad. El desafío nuestro para el futuro es seguir siendo las viejas locas”, dice.
