Hoy Nadia tiene 16 años, es estudiante, cuando Zainab Malik la conoció en 2012, era sobreviviente de violación tumultuaria. Aunque sus padres denunciaron el caso frente a las autoridades, los agresores presionaron para que desistieran y la Corte desechó el caso. Esta no es una excepción, dice Zainab en una conferencia, en Pakistán un caso penal puede tomar veinte años para ser resuelto y el índice de personas sentenciadas a prisión por delitos de violencia sexual y de género es menos del 4 por ciento. La mayor parte de las víctimas no tiene la oportunidad de llegar juicio.
Zainab Malik, es una abogada y activista por los derechos humanos. Hace diez años, en 2009, fundó Justice Project Pakistan, una firma legal sin fines de lucro que ofrece acompañamiento gratuito a personas que enfrentan pena de muerte en este país.
Luchadoras platicamos con Zainab en la ciudad de Estocolmo, en Suecia, durante el Stockholm Forum on Gender Equality 2018, donde nos contó que su proyecto busca proporcionar un litigio justo que genere precedentes legales, para así resaltar el carácter sistemático de los abusos del sistema de justicia y eventualmente lograr la abolición de la pena de muerte.
¿En el sistema de justicia de Pakistán qué situaciones son las más frecuentes?
Las violaciones a los Derechos Humanos ocurren desde el momento que se realiza la detención hasta llegada la sentencia. Esto se debe a que el sistema de justicia no tiene garantías de seguridad adecuadas. El peso del sistema de justicia está dirigido normalmente hacia las comunidades más pobres y vulnerables, se trata de personas que no pueden pagar por la representación legal. Por lo mismo es que tienen un mayor riesgo de acabar sentenciadas a la pena de muerte o de recibir algunas de las peores condenas.
En estos casos legalmente el Estado está obligado a proveer representación legal, pero es usual que el proceso se lleve sin medidas adecuadas y seguras. Por ejemplo, los clientes no conocen a su representante legal antes de que ocurra el juicio, también hay mucha corrupción y en ocasiones los abogados toman dinero de la oposición poniendo en peligro el juicio a favor de su cliente.
Además, en Pakistán no existen leyes que criminalicen la tortura, por lo que la policía suele utilizarse como método para registrar testimonios. Otro problema muy fuerte es la situación de los menores. Existe un sistema legal distinto para juzgar a una persona menor de edad. Sin embargo, es complicado ya que más del 30% de la población no tiene certificado de registro de nacimiento por lo tanto determinar la edad de las personas no es tarea fácil.
La policía suele determinar las personas menores de edad dependiendo de su fisonomía, es decir el registro se determina de acuerdo a como se ven. Por lo que muchas veces la policía determina que se trata de adultos cuando en realidad son menores que son juzgados como adultos y sentenciados como tales. Esto significa que la pena de muerte les es aplicada, cuando en Pakistán está prohibido que un menor sea sentenciado con esta, además de ser una violación a los Derechos Humanos.
¿Podrías contarnos un poco más de los casos relacionados a las mujeres con los que trabajas?
La mayoría de los casos de mujeres sentenciadas a la pena de muerte en Pakistán son acusadas de asesinato a familiares, consecuencia directa o indirecta de la violencia doméstica que han vivido. Sin embargo, como hay una falta de reconocimiento de este acto como autodefensa, es considerado delito, y se vuelve en una forma de represalia hacia las víctimas, que terminan condenadas.
En algunas jurisprudencias del mundo este sí es entendido como un acto de autodefensa válido, bajo la consideración de que si la violencia doméstica ocurre durante un momento prolongado y constante, no significa que la víctima tiene que reaccionar de manera inmediata, sino que la respuesta puede irse desarrollando con el tiempo y en un momento llevar a una reacción que suscita el daño al perpetrador o incluso al asesinato.
¿Tras ser sentenciadas las mujeres que ocurre con sus redes de apoyo?
Cuando esto ocurre las mujeres son generalmente abandonadas por sus familias porque hay un cierto estigma relacionado con el ser juzgada por un crimen y más aún cuando se trata de asesinato. En general, las mujeres están en una posición de mayor desventaja que los hombres para obtener apoyo legal, familiar y de la comunidad, esto se debe a su situación de vulnerabilidad consecuencia de su género. Es debido a esta falta de apoyo que hay tanto abuso por parte de las autoridades.
¿Cuál es el proceso para que se cumpla una sentencia de pena de muerte?
El tiempo promedio que una persona espera que se cumpla la sentencia de pena de muerte es de trece años. Muchos casos se dejan en espera, por lo que hay también muchos retrasos desde que inicia el proceso en el sistema judicial.
A partir de que una persona es arrestada, hasta que la sentencia es ejecutada, en algunos casos podrían pasar hasta 27 años. Es inhumano porque la otra alternativa a la pena de muerte es el encarcelamiento de por vida o durante un largo tiempo, lo que significa que estás cumpliendo dos condenas en una sola vida. Y esto es una doble injusticia y una violación a los derechos internacionales y a la constitución de Pakistán.
¿Y cómo son las condiciones en las prisiones?
Debido a que hay un gran problema con la sobrepoblación carcelaria y especialmente con la población sentenciada a muerte, las prisiones operan a una mayor capacidad de lo que fueron diseñadas. Las celdas son diminutas diseñadas para una persona pero aquí se están metiendo de diez a cinco en ellas. Así que las condiciones son bastante malas.
Además habría que añadir la existencia de un fenómeno conocido internacionalmente como el fenómeno del corredor de la muerte o el síndrome del corredor de la muerte, término usado para referirse a la angustia emocional que sufren las personas antes de ser ejecutadas. Así que en un lugar como Pakistán donde la espera es tan larga, se vuelve insoportable. El sistema de justicia tiene muchas más víctimas, ya que no es sólo la persona que está esperando la sentencia también están las familias.
¿Qué impacto tiene en la familia la sentencia de muerte contra la madre o el padre?
Socialmente en Pakistán los hombres son la cabeza de la familia, son ellos los principales aportadores económicos. Si este es el caso y el padre- que es el aporte económico primario- es sentenciado, entonces él estaría dejando a una familia atrás y esta familia se vería obligada a terminar viviendo en la pobreza. Ahora, en el caso de las mujeres, digamos que es una madre soltera y recibe apoyo con los niños, lo que usualmente pasaría sería que los niños serían constantemente trasladados de una familia a otra.
En el caso de las niñas el impacto es aún mayor porque las familias tienden a organizar matrimonios arreglados ya que no quieren tener la responsabilidad del cuidado. Las niñas son forzadas a contraer matrimonio a una edad muy pequeña y esto tiene implicaciones enormes en su vida. Incluso con los niños ves cómo al crecer sin supervisión, ni modelos a seguir, el abandono los lleva a caer en el crimen.
Es evidente que el impacto que tiene la sentencia a muerte en la vida de los hijos e hijas de las y los sentenciados es enorme. Además el sistema de justicia no se hace responsable, no hay ninguna especie de sistema que les apoye.
¿Qué estrategias legales implementadas? y, ¿cuáles son tus metas actualmente?
En cada caso que asesoramos estamos tratando de aumentar las garantías de seguridad para los prisioneros más vulnerables y expandir las protecciones para las persona sentenciadas a muerte. El de las mujeres acusadas de asesinato como acto de defensa, el de las personas con problemas psicológicos, la errónea sentencia de menores como adultos, son algunos ejemplos. En Justice Project Pakistan queremos hacer reformas legales para evitar que esto continúe ocurriendo, pero en definitiva nuestra principal meta es abolir la pena de muerte.
¿Me podrías dar algunos ejemplos de los logros que han tenido?
Uno de nuestros mayores logros en relación a los niños y niñas ha sido empujar al gobierno de Pakistán a establecer un protocolo de determinación de edad. Ahora la policía tiene la obligación y es responsable de investigar la edad de la persona detenida. Sin duda, el mal proceso judicial de la policía al enjuiciar a menores como adultos, era un abuso. Antes los menores no contaban con un protocolo de seguridad, eso está cambiando.
