Texto de Danielle Mackey
Fotografías: Lizbeth Hernández
En El Salvador, hay una generación notable de mujeres a quienes les ha tocado defender a su país del autoritarismo. El gobierno ha perseguido a defensoras, periodistas y oposición política y encarcelado a más de 80.000 personas como parte de un régimen de excepción declarado desde marzo de 2022 y que sigue vigente.
“Me llama mucho la atención que las caras de la oposición sean sobre todo de mujeres y feministas”,
ha dicho la economista Tatiana Marroquin.
Muchas de ellas se conocen y se admiran. Sus días están llenos de trabajo incansable: siempre un caso nuevo de persecución, un vecino desesperado en la puerta con noticias de otra persona de su familia presa, un tuit con otra declaración del gobierno que dice que toda persona que le cuestione es enemigo del pueblo, personas como ellas, que defienden la vida. Son constantemente atacadas por su trabajo o por el mismo presidente, a través de los troles digitales afines al Ejecutivo, o reciben hackeos en sus celulares, o la amenaza de la autoridad de llevarlas presa.
“Hay momentos de angustia. Pero si mantengo eso en mi cabeza constantemente, me paraliza”,
dice Verónica Reyna, directora de los Derechos Humanos del Servicio Social Pasionista en San Salvador.
Cuenta que una experiencia común entre las defensoras son las pesadillas de la llegada de la policía o los soldados a la puerta de sus casas. Y muchas han comenzado a irse al exilio. “Hay gente que de repente se va y te ahuevas. Te ves reflejada y a la vez sentís la pérdida de esa persona”, comparte Reyna.
Las defensoras también piensan constantemente en las víctimas que acompañan y han identificado que las que llevan la mayor carga (tanto la emocional como la financiera) del autoritarismo salvadoreño, son las mujeres.
Rossy Iraheta Marinero
En abril de 2022, Rossy Iraheta Marinero decidió hacer algo que le cambiaría la vida. En conjunto con su grupo juvenil , de la iglesia católica de región del sur de El Salvador conocida como el Bajo Lempa, y principalmente con su amigo José Salvador Ruiz, decidió organizar a las familias vecinas víctimas del régimen de excepción, declarado por el congreso del presidente Nayib Bukele menos de un mes antes. Ningún familiar de Rossy había sido detenido, pero viendo el sufrimiento de su vecindario por el arresto de sus seres queridos en cárceles infernales, no podía quedarse sin hacer nada.
El grupo comenzó con una decena de asistentes pero en un par de meses había crecido a más de cien, y entregó denuncias de habeas corpus (un recurso legal que tiene como fin tutelar derechos como la integridad física, psíquica y moral de las personas detenidas, el proceso está incluido en el artículo 11 de la Constitución salvadoreña), a las autoridades en San Salvador (hasta la fecha, el Gobierno no ha resuelto ninguna), bloqueó carreteras, convocó conferencias de prensa. Querían que el mundo supiera que están arrestando a gente inocente, el estado de derecho no existe. Lucharon contra el estigma generalizado de que quien cuestione el régimen de excepción es pandillero o detractor del presidente.
Ser visible en la lucha como Rossy, es un riesgo. Entonces, ¿por qué lo hace? Por su convicción religiosa del ramo de la teología de la liberación, pero también porque aprendió del ejemplo de las familias que buscan a personas desaparecidas en México, como los padres y madres de los estudiantes de Ayotzinapa, y de las madres de la Plaza de Mayo en Argentina, y de las Comadres de la guerra civil en El Salvador. De sus ejemplos, Rossy aprendió lo resiliente y persistente que tendrán que ser, y también que “el impacto de esa violencia estructural que están viviendo los países es más fuerte para la mujer”, pues son ellas las que quedan como el pilar emocional y económico de la familia entera, y además tienen que dar la batalla por liberar a su detenido, porque casi siempre son hombres.
El grupo de familias del Bajo Lempa está conformado principalmente por mujeres. Uno de los pocos hombres del grupo, Humberto García, es hermano de Beatriz, la mujer salvadoreña a quien el Estado le prohibió el aborto que necesitaba y fallecida en 2017, caso que ahora está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Ahora, varios integrantes de la familia García han sido detenidos en el marco del régimen de excepción, incluyendo al hermano de Humberto y Beatriz. Desde su arresto, a la familia le tocan luchas simultáneas. “El Estado nos ha revictimizado como familia de Beatriz”, dice Humberto
Claudia Ortiz
Claudia Ortiz, congresista salvadoreña desde 2021, está sentada en su escritorio en el Palacio Legislativo, tomándose un café frío y terminando de almorzar lo poco que pudo entre una entrevista y la próxima. Es 9 de febrero de 2024, cinco días después de las elecciones presidenciales y legislativas, un proceso estropeado por irregularidades y denuncias de fraude. Se nota que está exhausta, pero habla fluido.
Ha quedado como una de tres congresistas que no son del partido del presidente Bukele o de sus aliados, y como una figura principal de la oposición en un Estado de partido único. Ortiz es del partido centrista Vamos, y representa el departamento de la capital, San Salvador, donde una cantidad enorme de personas, 70.000, votaron por ella. Pide a su equipo que preste atención a la televisión que transmite una emisora interna al congreso y, en la pantalla, un congresista del partido de Bukele está leyendo la moción para la renovación mensual del régimen de excepción. “Hoy también es el aniversario del 9F”, dice, refiriéndose al 9 de febrero de 2020, cuando Bukele invadió el Congreso con el Ejército, algo que no había pasado desde las dictaduras militares: “Siguen quitando derechos a la ciudadanía igual hoy que hace cuatro años”.
Ortiz representa una alternativa a una administración cuyo vicepresidente habla abiertamente de la posibilidad de que Bukele ocupe su cargo de por vida, y que dice abiertamente que se están deshaciendo de la democracia y que su meta es aniquilar a toda oposición política. En este ambiente Ortiz recibe las propuestas y las denuncias de la sociedad civil sobre las violaciones del régimen de excepción, por el derecho al agua, en contra de la violencia de género, a favor de la transparencia estatal, por los derechos laborales, por los derechos habitacionales, por la justicia en casos de crímenes de lesa humanidad de la guerra civil, y así, sin fin, una lista de necesidades inmediatas que tiene su pueblo. “Hoy por hoy el futuro es muy complejo”, afirma. “Es un reto muy grande con condiciones muy adversas. La institucionalidad no vela por la justicia, no funciona para garantizar los derechos”, añade.
Nos acompaña hasta la salida. Camina con cuidado para no pisar a Canela y Chocolate, dos perros callejeros dormidos en el pasillo del edificio. Se despide, y vuelve a trabajar.
Tatiana Marroquín
Cuando Tatiana Marroquín era niña tenía una pregunta: ¿por qué había algunas personas con mucho dinero y muchas personas con poco?. “Hay pobres porque hay injusticia”, le dijo su madre. Una buena respuesta que no le fue suficiente.
Marroquín decidió estudiar algo para acabar con la pobreza, y así se hizo economista. Ahora es economista feminista e intelectual pública. Comparte su saber sobre algo que la mayoría no entiende y lo hace a través de varios formatos, desde informes serios hasta videos divertidos que ella misma elabora en conjunto con colegas para algunos medios salvadoreños.
También da talleres a mujeres de bajos recursos, “estos grupos de mujeres son lo que más esperanza me da”, dice. “La verdad es que ellas no han tenido las herramientas para conectar su situación con lo que hace o no hace el Estado. Pero yo les digo, ‘esos son tus derechos, son derechos económicos y sociales, y el Estado debe asegurártelos’. Les pongo a que cuenten entre ellas cuál es su sueño y, cuando los cuentan, no hay ningún sueño que no sea un derecho: vivienda, educación, salud. Esos son los sueños de esas mujeres. Les digo, ‘existe un ministerio para realizar tu sueño, y tiene tal cantidad de dinero para asegurarlo’”, explica.
A raíz de su labor, el celular de Marroquín, en conjunto con los de al menos 35 personas defensoras y periodistas más, fue infiltrado por el spyware Pegasus, lo cual, según fuentes expertas, fue probablemente hecho por el Estado salvadoreño. Pero Marroquín sigue haciendo su análisis y dando sus declaraciones: la administración Bukele no tiene una política económica bien elaborada, comparte, sino que su plan pareciera ser “tapar los hoyos financieros, vivir el momento”.
Lo que ve en las comunidades cuando da talleres es que “solo se ha cambiado de opresor: antes era la pandilla y ahora es el Estado”. Con los dos mandatos en la presidencia que tiene Bukele, él “ha consolidado la capacidad total de desaparecer los espacios organizativos y democráticos en la sociedad y la forma de ejercer de Nayib es muy machista, masculina y hegemónica. El Estado salvadoreño está fallando a las mujeres, y me da miedo el momento en que deje de ser popular”, apunta. Pero Marroquin no se deja resignar: “No es el momento de martirizarnos, de desesperanza. Es un momento de estrategia. ¿Qué vamos a hacer de aquí hasta dentro de cinco años, de aquí a 20 años?”.
Gabriela Santos
Últimamente, una de las frases que Gabriela Santos más tiene en mente es sobre la apuesta colectiva frente a los momentos difíciles: “Nos tenemos que salvar en mazorca”. Es la directora del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (UCA), una institución jesuita de San Salvador. Las palabras son originalmente del padre Rutilio Grande, un sacerdote de la teología de la liberación asesinado por paramilitares en 1977 durante la guerra civil. Las palabras siguen siendo relevantes en una era que se aproxima cada vez más a los patrones y los peligros de la guerra.
“No habíamos experimentado el miedo de tener intervenido el teléfono, a que te siguen, te arrestan o inventan algún delito falso para justificar tu detención. Todo eso es algo que solamente por relatos de nuestros papás habíamos escuchado. El volver a vivir esta desconfianza hacia el otro, no lo habíamos experimentado de forma tan fuerte como ahora. Me puede pasar algo y no sabría por dónde buscar ayuda”, dice, porque las instituciones del Estado ya no son independientes, sino que le sirven al presidente y a sus círculos. “Eso es duro porque venimos de ahí. La incertidumbre de que la situación se puede recrudecer es agobiante. Es una concentración absoluta del poder”, añade.
Gabriela antes trabajaba en el sector académico de la UCA, pero cambió de rumbo porque quería estar más cerca a las comunidades. Dice que, aun con lo complicado que es ser cara visible de defensa de los derechos humanos en este momento, “quienes pueden sufrir más son personas en territorio”, como las familias organizadas del Bajo Lempa.
También enfatiza algo importante: que las feministas salvadoreñas han sido siempre las primeras en protestar contra el autoritarismo de Bukele. En cada salto hacia la dictadura, “siempre han sido las feministas las que convocan. Quienes han puesto la cara a los abusos de poder, han sido las mujeres. La Administración se burla constantemente de que no han sido protestas multitudinarias, pero ellas han sido las que ponen la cara”.
‘Las caras de la democracia en El Salvador’, se publicó en el número 12 de #PikaraEnPapel, del medio Píkara Magazine, con el enlace: https://www.pikaramagazine.com/producto/numero-12/
