[vc_row type=»in_container» full_screen_row_position=»middle» scene_position=»center» text_color=»dark» text_align=»left» overlay_strength=»0.3″ shape_divider_position=»bottom» bg_image_animation=»none»][vc_column column_padding=»no-extra-padding» column_padding_position=»all» background_color_opacity=»1″ background_hover_color_opacity=»1″ column_link_target=»_self» column_shadow=»none» column_border_radius=»none» width=»1/1″ tablet_width_inherit=»default» tablet_text_alignment=»default» phone_text_alignment=»default» column_border_width=»none» column_border_style=»solid» bg_image_animation=»none»][vc_column_text]En un contexto de aumento de violencia contra las mujeres, el Gobierno de México ha realizado recortes presupuestales a los programas de atención a esta problemática, que han ejercidos con poca claridad y transparencia aún cuando pueden significar un riesgo para los derechos, la integridad y la vida de las mujeres de México.
A pesar de que los números sobre violencia de género durante la pandemia en México han ido en aumento, la respuesta gubernamental de austeridad manifiesta a través del “Decreto por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”, emitido el 23 de abril de este año ante la crisis financiera generada por la emergencia sanitaria del COVID-19, pone en riesgo tanto el funcionamiento de los programas e instituciones dedicadas a la igualdad de género, así como la vida de las mujeres.
Desde el anuncio de estas medidas, distintas organizaciones denunciaron la falta de transparencia sobre los criterios para reasignar los recursos y la poca claridad respecto a las implicaciones en el funcionamiento, subsistencia y el futuro de los programas de atención a la violencia contra las mujeres.[/vc_column_text][image_with_animation image_url=»8168″ alignment=»center» animation=»Fade In» border_radius=»none» box_shadow=»none» max_width=»100%»][divider line_type=»No Line»][vc_custom_heading text=»Aumento de la violencia de género durante la pandemia» font_container=»tag:h2|text_align:left|color:%2320c57e» use_theme_fonts=»yes»][divider line_type=»No Line»][vc_column_text]El 29 de julio, durante la conferencia matutina, la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reconoció que las llamadas por violencia contra las mujeres recibidas al 911, aumentaron un 45.8% este año. A esta cifra se suman las que registra la Red Nacional de Refugios, que de marzo a junio, atendieron a 14 mil 599 mujeres con sus hijes, lo que representa un aumento del 81% de la población atendida con respecto al mismo periodo del año anterior.
Las decisiones tomadas durante 2019 sobre las políticas con perspectiva de género, evidenciaban ya la falta de una estrategia integral para atender las necesidades de las mujeres. En el informe “De los discursos a los hechos”, la Red Nacional de Refugios advierte que las respuestas del gobierno han sido más bien “políticas endebles y desarticuladas” que no están incluidas dentro de una estrategia nacional.
Bajo este escenario los recortes continuaron, y desde el inicio de la contingencia, más allá de la difusión de algunas campañas como “Cuenta hasta diez”, que fue fuertemente criticada por su falta de perspectiva de género; no se ha propuesto un plan de acción claro para garantizar los derechos de las mujeres durante y después de la pandemia.
El decreto de abril implicó el recorte del 75% al gasto operativo del presupuesto público, y a pesar de que se anunció que no afectaría a programas prioritarios (incluidos los de derechos humanos), sí se registró un impacto a algunos de los programas dedicados a la atención de la violencia de género.[/vc_column_text][vc_custom_heading text=»Casas de la mujer Indígena y Afromexicana (CAMI)» font_container=»tag:h2|text_align:left|color:%2320c57e» use_theme_fonts=»yes»][divider line_type=»No Line»][vc_column_text]Como resultado de los recortes el presupuesto del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas resultó afectado, esto impactó directamente a las CAMI. Tras meses de exigencia por parte de la sociedad civil organizada, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) autorizó regresar primero el 25% de su presupuesto, y posteriormente aumentar al 50%. Sin embargo, de acuerdo al boletín informativo de la Red Nacional de las Casas de la Mujer Indígena del 13 de julio de 2020, ese presupuesto sigue siendo insuficiente, ya que en las CAMI se prestan servicios de salud, asesoría legal y refugio para mujeres víctimas de violencia, y durante la pandemia aumentó la demanda de estos servicios.
De acuerdo con una investigación del portal Animal Político, en algunos casos las CAMI han podido continuar su operación gracias al trabajo voluntario o han buscado otras fuentes de financiamiento de emergencia. Ese fue el caso de la Casa Nääxwiin del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, donde las 12 mujeres que brindan atención regularmente no han recibido un pago en los últimos cinco meses.[/vc_column_text][image_with_animation image_url=»8167″ alignment=»center» animation=»Fade In» border_radius=»none» box_shadow=»none» max_width=»100%» el_class=»Facebook: Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas conami / Ilustración: Valeria Gallo»][vc_column_text]Facebook: Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas conami / Ilustración: Valeria Gallo[/vc_column_text][vc_custom_heading text=»Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM)» font_container=»tag:h2|text_align:left|color:%2320c57e» use_theme_fonts=»yes»][divider line_type=»No Line»][vc_column_text]A principios de junio la SEGOB notificó a CONAVIM de la reducción de partidas presupuestales que impactarían sus operaciones fuertemente, sin conocer los criterios considerados detrás de esa decisión. La ex titular de la CONAVIM, Candelaria Ochoa, renunció a su cargo un día después de firmar un oficio para notificar la cancelación total del presupuesto para las Alertas de Género en ocho estados: Veracruz, Nuevo León, Ciudad de México, Puebla, Jalisco, Nayarit, Zacatecas y el Estado de México, que tiene la cifra más alta de feminicidios en todo el país.
Tras ser cuestionado por periodistas en la conferencia matutina, López Obrador negó cualquier ajuste presupuestal relacionado a los derechos humanos. Por su parte la Secretaría de Gobernación reaccionó a la polémica, con un comunicado de prensa, donde informa que los presupuestos asignados a los organismos que atienden las violencias contra mujeres y niñas, estarán exentos del recorte. Sin embargo, a finales del mes de julio seguía sin haber información clara sobre la liberación de ese presupuesto.
Al respecto, en entrevista con Luchadoras, Martha Juárez, directora del Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género (CELIG) del Congreso de la CDMX, explicó que algunos programas etiquetados en el anexo de igualdad se enfrentan a un “vacío en el flujo de dinero”, es decir, aunque los recursos fueron aprobados por la Cámara de Diputados, no han sido transferidos a las instituciones para su operación, sino que están retenidos por la Secretaría de Hacienda.[/vc_column_text][divider line_type=»No Line»][vc_custom_heading text=»Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres)» font_container=»tag:h2|text_align:left|color:%2320c57e» use_theme_fonts=»yes»][divider line_type=»No Line»][vc_column_text]El recorte más reciente a otra de las instancias clave para la política de igualdad en México, el Inmujeres, fue aprobado el pasado 15 de julio, y consistió en la reducción del 75% en materia de gastos generales y suministros. Su titular, Nadine Gasman, aclaró que la disminución de recursos no afectaría sus actividades sustantivas, sin embargo, dijo que el presupuesto no alcanzaría para realizar los estudios e investigaciones que el Instituto lleva a cabo, actividades que resultan fundamentales para el monitoreo, implementación y evaluación de los programas.
Manuela Garza, socia fundadora de Colectivo Meta, analista de gasto público y políticas públicas, opina que se necesita claridad sobre las afectaciones del recorte: “Cuando dicen que el impacto va a ser a lo operativo, ¿qué más quiere decir? ¿qué impacto tiene para todas las estrategias que están en su política institucional de igualdad?”, declaró en entrevista con Luchadoras.
Acciones como el recorte a gastos operativos limitan los recursos para que puedan cumplir con su trabajo de coordinación de la política de igualdad de género en el país. Organizaciones de la sociedad civil como Amnistía Internacional señalaron que el recorte fue aprobado al margen de la ley, pues el presupuesto etiquetado en el Anexo 13, correspondiente a igualdad de género, no puede reducirse, ya que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria especifica que no se podrán realizar reducciones a los programas presupuestarios ni a las inversiones dirigidas a la atención de la igualdad entre mujeres y hombres.
“Teníamos una buena cantidad de años impulsando el anexo de igualdad como un instrumento de presupuesto y fiscalización presupuestal a favor de la igualdad, [ahora] se corre el riesgo de que para el próximo año se queden sin recursos varias de las acciones que están etiquetadas ahí [anexo 13]”, opina Martha Juárez.[/vc_column_text][divider line_type=»No Line»][image_with_animation image_url=»8166″ alignment=»center» animation=»Fade In» border_radius=»none» box_shadow=»none» max_width=»100%»][divider line_type=»No Line»][vc_custom_heading text=»“Donde está el dinero, están las prioridades”» font_container=»tag:h2|text_align:left|color:%2320c57e» use_theme_fonts=»yes»][divider line_type=»No Line»][vc_column_text]Estos recortes provocan incertidumbre sobre la seguridad financiera de los programas para atender la violencia contra las mujeres y bajo esta lógica, parece posible una modificación de los presupuestos en cualquier momento.
Para Manuela Garza no solo es un tema actual, sino que los recursos asignados a la igualdad de género siempre han sido mínimos: “No es que para este gobierno no sea una prioridad, es que nunca ha sido una prioridad, es una deuda histórica. [La política de género] nunca ha tenido los recursos que las necesidades del país ameritan”.
Es preocupante observar que esta administración, sin una estrategia clara para atender las violencias contra las mujeres, y con una perspectiva asistencialista en sus programas sociales, tampoco prioriza presupuestariamente esta problemática.
Es urgente que continuemos exigiendo que exista una estrategia integral de atención a la violencia de género y contra el feminicidio, que se garantice la subsistencia de los programas para la igualdad y que se transparenten los montos y la forma en que se aplicarán recortes presupuestarios en esta materia.
Si los números de violencia de género continúan creciendo como hasta ahora, y la respuesta gubernamental no cambia de rumbo, corremos el riesgo de enfrentarnos a un futuro post pandémico sin una política con perspectiva de género, con instituciones debilitadas, refugios a su máxima capacidad y la vida de millones de mujeres, niñas y adolescentes en riesgo.[/vc_column_text][divider line_type=»No Line»][image_with_animation image_url=»8165″ alignment=»center» animation=»Fade In» border_radius=»none» box_shadow=»none» max_width=»100%»][/vc_column][/vc_row][vc_row type=»in_container» full_screen_row_position=»middle» scene_position=»center» text_color=»dark» text_align=»left» overlay_strength=»0.3″ shape_divider_position=»bottom» bg_image_animation=»none» source=»» text=»Responder a un contexto de culpabilización» font_container=»tag:h2|text_align:left|color:%2320c57e» use_theme_fonts=»yes» google_fonts=»font_family:Abril%20Fatface%3Aregular|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal» css_animation=»» link=»» el_id=»» el_class=»» css=»»][vc_column column_padding=»no-extra-padding» column_padding_position=»all» background_color_opacity=»1″ background_hover_color_opacity=»1″ column_link_target=»_self» column_shadow=»none» column_border_radius=»none» width=»1/1″ tablet_width_inherit=»default» tablet_text_alignment=»default» phone_text_alignment=»default» column_border_width=»none» column_border_style=»solid» bg_image_animation=»none»][/vc_column][/vc_row]
