NICARAGUA, UNA DICTADURA CONTRA LAS MUJERES

Ilustración de @Titasupp

Las últimas semanas el gobierno nicaragüense, encabezado por Daniel Ortega, ha dado muestras de su autoritarismo y nula capacidad de diálogo. Este estado de represión y falta de respeto a los derechos fundamentales no es nuevo, lleva más de una década instalándose sobre los cuerpos de las mujeres.

A base de decretos, Daniel Ortega ha logrado permanecer 11 años al frente de una de las naciones más desiguales de la región. De acuerdo con la lectura de defensoras de Derechos Humanos su gobierno es una dictadura contra las mujeres que enfrentan la prohibición absoluta al aborto, incremento de agresiones y violencia,

POLÍTICA REGRESIVA CONTRA LOS CUERPOS DE LAS MUJERES

Los constantes reveses que durante el mandato de Ortega  enfrentarían los derechos de las mujeres, especialmente el derecho a decidir sobre su cuerpo y su proyecto de vida,  comenzaron desde su campaña presidencial. En 2006 se derogó del Código Penal la figura de aborto terapeútico, que permitía a las nicaragüenses interrumpir su embarazo si su vida estaba en riesgo.

Al llegar por segunda vez a la presidencia, quien fuera guerrillero contra la dictadura de los Sornoza, olvidó las convicciones e ideales que mantenía durante la revolución y avaló una reforma que penaliza hasta con 8 años de prisión a quienes se practiquen un aborto, ahí comenzó la dictadura, no declarada pero evidente, contra las mujeres, nos dijo en entrevista Ana Evelyn Orozco, integrante de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras.

Ese absolutismo también viene acompañado de un incremento a la violencia sexual contra las mujeres y una persecución y criminalización  a quienes deciden acompañar niñas y mujeres que enfrentan un embarazo forzoso y no tienen la posibilidad de decidir sobre sus cuerpos.

Para las niñas, la violencia sexual es una realidad cotidiana en Nicaragua. Datos del Ministerio de Salud revelan que en la última década 16 mil 400 niñas menores de catorce años han dado a luz en hospitales públicos.

Defensoras, académicas, feministas y activistas mantienen una lucha constante por modificar la prohibición total del aborto en Nicaragua, batalla que cuenta con un amplio respaldo internacional y evidencias claras de que esta medida representa un riesgo para la vida de las mujeres, sin embargo, el gobierno siempre guarda silencio.

DECRETOS CONTRA LAS MUJERES

Una de las formas en las que se toman decisiones en el gobierno de Daniel Ortega son los decretos presidenciales, a través de estos ha logrado, además de poder ser reelecto,  asegurarse la obediencia de la Jefatura del Ejército y de la Policía Nacional.

Los decretos han afectado la forma en la que se investiga la violencia contra las mujeres, pues debido a los cambios que existen al interior de la Policía Nacional se cerraron las Comisarías de la Mujer en Nicaragua, instancias impulsadas y acompañadas por el movimiento feminista, pese al incremento de todas las formas de violencia contra las mujeres.

Si bien en 2012, el movimiento de mujeres de Nicaragua, logró la aprobación de la Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres (Ley 779), que tipificó las formas de violencia contra las mujeres, otro decreto presidencial redujo el feminicidio a un delito que se comete únicamente en el ámbito privado, este decreto también establece que las mujeres que enfrentan violencia por parte de sus parejas, deben mediar con su agresor.

CRIMINALIZAR LA DEFENSA

“El gobierno sabe que una mujer acompañada por otras tiene mucha más fuerza para denunciar las situaciones que viven”, dijo Evelyn Orozco al contarnos que en Nicaragua la defensa de Derechos Humanos es una actividad obstaculizada y criminalizada.

En casos de violencia de género, la ley establece que las denunciantes pueden ir acompañadas de otra persona que las esté apoyando, “pero cuando llegas a la policía o al Ministerio Público a la defensora no la dejan entrar, realmente obstaculizan la labor que está permitida por la ley, que es legal, y obstaculizan el acompañamiento a las mujeres”.

Pero además han surgido las amenazas de familiares, o de la misma policía, a compañeras que son reconocidas en sus comunidades como acompañantes, como defensoras. “Muchas veces la policía las ha amenazado diciendo,’vos estás en la lista, cuidate’.  

Algunas de estas  amenazas se han materializado en forma de judicialización, por ejemplo en el municipio de Matahualpa, Thelma Francisca Suárez Oliva fue encarcelada y sometida a tratos crueles justo cuando acudía a interponer una denuncia por una agresión contra su hijo. Otra forma de criminalizar a las defensoras, según el relato de Evelyn es hacer uso de medios oficialistas de comunicación  que se encargan de denigrar y difamar al movimiento de mujeres.

A pesar de esta persecución constante, las defensoras siguen en pie de lucha contra la violencia machista, realizan marchas y movilizaciones demandando que se instale una política de Estado para prevenir el feminicidio, en agosto pasado la respuesta de  la Vicepresidenta, Rosario Murillo fue “ que van a trabajar una política con las iglesias católicas y evangélicas, para que ellos sean quienes trabajen (la prevención) desde su púlpito”.

CRISIS ACTUAL

Varias mujeres defensoras han denunciado el clima de hostigamiento, represión, violencia física, amenazas y violaciones a Derechos Humanos que enfrentan ante la violencia y brutalidad con la que las fuerzas de seguridad del Estado han respondido a las protestas multitudinarias que se han registrado en las últimas semanas en el país.

La crisis actual se desató luego de que durante la primera quincena de abril se aprobara por decreto presidencial reformar la  Ley del Instituto de Seguridad Social, con lo que se pretendía reducir las pensiones a personas jubiladas en un 5 por ciento y aumentar las contribuciones de empresas y trabajadores para rescatar al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).

Esta muestra de autoritarismo provocó las más numerosas movilizaciones, durante cinco días continuos la población civil salió a las calles a manifestar su descontento, en una resistencia que fue encabeza por las y los estudiantes universitarios del país.

La policía nacional reprimió las protestas mediante el uso de la fuerza letal. De acuerdo con las denuncias hechas por defensores de Derechos Humanos las protestas dejaron la cifra de 46 personas asesinadas. A la par fueron sacados del aire 3 de los 4 canales independientes en Managua.

Luego de la brutalidad que se desató en Nicaragua la comunidad internacional ha respaldado la exigencia de defensoras y defensores de Derechos Humanos de crear una Comisión Independiente de la verdad para investigar los asesinatos y restaurar la paz.